El octavo vuelo de expulsión de extranjeros con situación irregular en Chile (en total 31 personas de nacionalidad colombiana y 18 provenientes de Perú), se produjo este jueves 23 de julio. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, resaltó que la cifra total (en los primeros 7 meses de este año) supera a las expulsiones anuales del Gobierno anterior. El Ejecutivo fijó en 1.270 las salidas del territorio nacional en lo que va del año por vía administrativa o judicial.
Entre los expulsados se cuentan personas con antecedentes por tráfico de drogas, homicidio frustrado y robo con intimidación, hechos que se investigan tanto en Chile como en sus países de origen. Quienes mantienen órdenes de detención pendientes en el extranjero, serán puestos a disposición de la justicia, recalcó la Policía de Investigaciones (PDI).
«Este número de expulsados se suma a la gran cantidad de salidas voluntarias que tenemos desde el mes de enero con 6.722 personas, la mayoría venezolanas», añadió el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum. De esa cifra, 1.184 regresaron a Venezuela tras los terremotos del 24 de junio, que a la fecha acumulan más de 5.300 víctimas fatales y un número indeterminado de desaparecidos.
«Las expulsiones son carísimas»
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, abordó el plan Salida Voluntaria de Inmigrantes Irregulares anunciada por el Presidente José Antonio Kast, enfatizando que «las expulsiones son carísimas. Sacar a un solo migrante irregular tiene un costo cercano a los $3 millones”. En entrevista concedida a Cooperativa, Sauerbaum sostuvo que «hoy tenemos en Chile a 252 mil personas que están debidamente empadronadas, y este plan está enfocado en ellos. Es bastante beneficioso para la gente que quiere vivir en Chile o retornar, salir y volver a entrar». Explicó Sauerbaum que esta estrategia pretende «eximir de dos castigos que hoy tiene la Ley 21.325, que son básicamente multas para las personas que entraron con visa y se les expiró y no fueron renovadas, por lo que cayeron en la irregularidad. Y también, quienes entraron por pasos no habilitados, que al ser expulsados no pueden retornar al país hasta en cinco años más».
Concluyó que la idea de poder hacer salidas voluntarias es ahorrar recursos, porque hoy las expulsiones son carísimas. «Nosotros tenemos un presupuesto muy acotado para expulsiones que aprobó el Congreso el año pasado. Y, por lo tanto, vamos a promover la salida voluntaria para que la gente pueda financiar su salida. Para el reingreso al país se va a privilegiar a las personas que tienen algún tipo de arraigo: que tengan familia, trabajo, alguna relación con Chile, un emprendimiento o cosas de ese tipo».
