Un informe del órgano fiscalizador reveló que la progenitora de la Subdirectora Administrativa no solo fue operada en tiempo récord sin contar con derivación previa, sino que la propia funcionaria aprobó el trato directo para el examen diagnóstico de su familiar.
Un favoritismo sin filtro en la salud pública
Lo que comenzó con una denuncia presentada por el diputado Roberto Arroyo y un denunciante reservado terminó en un duro dictamen del organismo fiscalizador. La Contraloría Regional del Biobío confirmó graves irregularidades en el Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente (HGGB) respecto a la atención médica de la madre de la actual Subdirectora Administrativa del recinto, .
Según el informe fiscalizador, la paciente ingresó en octubre de 2024 al policlínico de cardiología sin pasar por el conducto regular —carecía de interconsulta o derivación desde la atención primaria o urgencias—, siendo citada directamente tras gestiones internas entre la subdirectora y jefaturas del servicio.
Operación en tiempo récord y presunto conflicto de interés
El dictamen expuso diferencias arbitrarias en los tiempos de respuesta que vulneran el principio de igualdad ante la ley:
- 29 días: Fue el tiempo total que esperó la madre de la directiva desde su indicación médica hasta ser operada de un procedimiento de alta complejidad (implante de válvula aórtica transcatéter, TAVI).
- 97 días: Fue el tiempo de espera promedio que sufrieron otros pacientes con el mismo diagnóstico en el hospital, habiendo ingresado mucho antes a la lista.
A esto se suma una directa infracción al principio de probidad y al deber de abstención: la propia subdirectora administrativa firmó la aprobación para la compra por trato directo de un examen TAC en el extrasistema —por un monto superior a los $5,6 millones de pesos— en el cual su madre figuraba en la lista de beneficiarios.
Listas paralelas en Excel y fichas incompletas
La fiscalización de Contraloría dejó al descubierto fallas estructurales en el control interno del principal recinto hospitalario del Biobío:
- Listas «paralelas»: Los pacientes que requerían el procedimiento TAVI no eran ingresados al Sistema de Gestión de Tiempos de Espera (SIGTE) oficial, sino que sus datos se gestionaban localmente en planillas de Excel, eliminándolos una vez operados, lo que genera graves riesgos de trazabilidad e integridad.
- Vacíos en la ficha clínica: Entre la primera atención y la fecha de intervención de la paciente, no se registraron las citaciones ni las decisiones clínicas obligatorias que exige la ley sobre derechos y deberes de los pacientes.
Las medidas ordenadas por Contraloría
Tras constatar la gravedad de los hechos, el ente fiscalizador remitió los antecedentes al fiscal instructor del sumario administrativo que actualmente está en curso dentro del HGGB, exigiendo que se concluya sin dilaciones.
Asimismo, le otorgó al hospital un plazo de 60 días hábiles para:
- Terminar con los registros informales en Excel e integrar a todos los pacientes al sistema nacional de listas de espera (SIGTE).
- Diseñar e implementar un protocolo formal, transparente y con criterios biomédicos estrictos para la priorización de cirugías complejas.
