La reciente prohibición de funcionamiento a locales de Farmacias Ahumada, tras comprobarse el pago de comisiones por la venta de medicamentos específicos, vuelve a poner sobre la mesa una práctica que la ley chilena prohíbe hace más de una década y que el gremio conoce como «canela». Que reaparezca, ahora bajo el nombre de «campaña de fidelización», confirma que no es un caso aislado sino una tentación estructural del negocio farmacéutico.
El artículo 100 del Código Sanitario, modificado por la Ley N° 20.724, prohíbe cualquier pago, regalo o beneficio económico que laboratorios, droguerías o distribuidores entreguen a quienes prescriben, dispensan o venden medicamentos, incluidos los auxiliares de farmacia. La norma existe porque, cuando aparece un incentivo por vender una marca determinada, el criterio clínico y la necesidad real del paciente pasan a segundo plano frente al beneficio del vendedor.
Los efectos de esta distorsión no son abstractos. Un auxiliar presionado por metas de venta puede inducir a un paciente a comprar un medicamento innecesario o de mayor complejidad, elevando el riesgo de reacciones adversas. También puede ocultar la existencia de alternativas bioequivalentes, más económicas y con la misma eficacia, afectando directamente el bolsillo de las familias.
Existe además un daño que trasciende lo económico. Cuando un paciente descubre que se le recomendó un producto costoso por una comisión y no por sus virtudes terapéuticas, se quiebra la confianza en la farmacia, que la ley define como centro de salud y no como un local de retail. Esa confianza sostiene el rol del químico farmacéutico, máxima autoridad sanitaria del establecimiento, responsable de que la dispensación se ajuste a la receta y de garantizar el bioequivalente certificado cuando el paciente lo solicite.
Los pacientes tienen derechos frente a estas prácticas. Pueden exigir el medicamento por su principio activo, consultar por el bioequivalente, revisar el precio exhibido en el envase y reclamar en el libro del local o ante el Instituto de Salud Pública. Las sanciones, que van desde multas de hasta 1.000 UTM hasta la cancelación de la autorización sanitaria, buscan disuadir estas conductas, pero su reiteración en distintas cadenas a lo largo de los años sugiere que la fiscalización, por sí sola, no basta.
Casos como el detectado en Farmacias Ahumada debieran ser el impulso para retomar en el Congreso la Ley de Fármacos II, aún pendiente, que busca cerrar los espacios que hoy permiten transformar la venta de un medicamento en un negocio ajeno al bienestar de quien lo necesita.
* Juan Barrera Suárez, académico de la Escuela de Química y Farmacia UNAB
