Las cifras de desempleo, el bajo crecimiento estructural de la economía y la recesión factual, registrada durante el primer semestre de 2026 obligan a abandonar una discusión que hace décadas dejó de ofrecer respuestas suficientes. La antigua disputa entre un «Estado interventor» y un «Estado mínimo» resulta hoy profundamente anacrónica frente a los desafíos de una economía compleja, abierta y sometida a profundas transformaciones tecnológicas, productivas y geopolíticas.
La verdadera discusión ya no consiste en determinar cuánto Estado debe existir, sino qué capacidades debe desarrollar para habilitar el crecimiento, fortalecer la competitividad y mejorar el bienestar de las personas. El despliegue del potencial productivo de un país depende, en buena medida, de la calidad de sus instituciones. Un buen Estado comprende que los sistemas regulatorios constituyen la arquitectura invisible de la economía. Su función no es sustituir al mercado, sino crear las condiciones para que este funcione adecuadamente, corrigiendo fallas como los monopolios, las asimetrías de información o las externalidades, al mismo tiempo que preserva los incentivos para invertir, innovar y emprender.
Las regulaciones bien diseñadas generan confianza y seguridad jurídica. Entregan reglas claras y predecibles para la inversión nacional y extranjera, promueven la competencia, protegen a consumidores y empresas, reducen riesgos sistémicos y resguardan bienes públicos indispensables para el desarrollo. La calidad regulatoria no constituye un obstáculo para el crecimiento; cuando está bien concebida, se transforma en uno de sus principales habilitadores. Pero también ocurre exactamente lo contrario cuando el diseño regulatorio fracasa. Sistemas excesivamente burocráticos, permisologías interminables y regulaciones mal concebidas elevan innecesariamente los costos de cumplimiento, desincentivan la inversión, restringen la innovación y levantan barreras de entrada que terminan protegiendo a los actores establecidos en desmedro de nuevos emprendimientos.
El denominado red tape no sólo retrasa proyectos; inmoviliza capital, reduce la productividad, deteriora la competitividad y limita las oportunidades de creación de empleo. Sin embargo, un Estado habilitante no se define únicamente por la calidad de sus regulaciones. Su fortaleza radica en el desarrollo equilibrado de capacidades políticas, técnicas, operativas y relacionales. Las capacidades políticas permiten ofrecer gobernabilidad entendida como buen gobierno: instituciones estables, capaces de construir acuerdos, generar confianza, responder oportunamente a los problemas colectivos y entregar certidumbre a ciudadanos e inversionistas. La confianza institucional constituye también un activo económico. Sociedades que confían en sus instituciones reducen costos de transacción, coordinan mejor sus decisiones y generan mejores condiciones para el desarrollo.
Las capacidades técnicas permiten saber qué hacer. Implican contar con evidencia, sistemas de evaluación, planificación estratégica, análisis de datos y conocimiento especializado para diseñar mejores políticas públicas y orientar decisiones de largo plazo. Las capacidades operativas proporcionan los instrumentos para transformar las decisiones en resultados. Infraestructura logística, energética, portuaria y digital; un sistema financiero robusto; conectividad física y tecnológica; servicios públicos eficientes y una administración moderna constituyen condiciones habilitantes para el crecimiento económico y la competitividad.
A ellas debe agregarse una cuarta dimensión cada vez más relevante: la capacidad prospectiva. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha destacado la importancia de que los Estados desarrollen herramientas para anticipar escenarios tecnológicos, económicos y geopolíticos, simulando distintos cursos de acción para adoptar decisiones oportunas antes que reaccionar frente a las crisis. Gobernar también significa anticiparse. La innovación, asimismo, deja de ser una tarea exclusiva del sector privado. Como sostiene Mariana Mazzucato, los Estados modernos cumplen un papel decisivo creando mercados, orientando misiones estratégicas y movilizando capacidades públicas y privadas hacia objetivos compartidos. El Estado no reemplaza al mercado; crea las condiciones para que este despliegue todo su potencial.
En la misma dirección, Joseph Schumpeter explicó que el crecimiento económico sostenido descansa sobre la innovación permanente y la destrucción creativa, proceso mediante el cual nuevas tecnologías, empresas e ideas reemplazan estructuras productivas menos eficientes. Para que ello ocurra se requieren instituciones capaces de facilitar la inversión, reducir barreras y promover la competencia. Por su parte, Daron Acemoglu y James A. Robinson demostraron que las naciones prosperan cuando desarrollan instituciones inclusivas que generan incentivos para invertir, innovar, producir y emprender. El desarrollo no depende exclusivamente de la disponibilidad de recursos naturales, sino de la calidad de las instituciones que organizan la vida económica y política.
Los diagnósticos internacionales convergen en la misma dirección. Las economías más dinámicas no poseen necesariamente Estados más grandes, sino Estados con mejores capacidades. Instituciones capaces de regular con inteligencia, coordinar políticas públicas, generar confianza, impulsar la innovación y responder con agilidad a los cambios tecnológicos y económicos. Chile necesita avanzar precisamente hacia ese modelo.
Modernizar el Estado ya no constituye únicamente una reforma administrativa; constituye una verdadera estrategia de desarrollo. Significa revisar integralmente nuestros sistemas regulatorios para eliminar burocracia innecesaria sin debilitar los estándares de protección del bien común. Significa fortalecer las capacidades institucionales para recuperar la confianza ciudadana y la legitimidad democrática. Significa consolidar un buen gobierno capaz de planificar, evaluar, aprender, corregir y responder con eficacia a los desafíos del siglo XXI. Pero también significa construir gobernanzas colaborativas, multisectoriales y multinivel que movilicen las capacidades del Estado, el sector privado, la academia y la sociedad civil en torno a propósitos compartidos de prosperidad y bienestar. Ningún actor, por sí solo, posee hoy la capacidad suficiente para enfrentar los desafíos del desarrollo.
En esa misma lógica, la descentralización adquiere una importancia estratégica. No basta con transferir competencias o recursos; resulta indispensable fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales y los ecosistemas territoriales para que las políticas públicas dialoguen con la realidad local y potencien los procesos de desarrollo endógeno. Acercar las decisiones a los territorios permite construir soluciones más pertinentes, fortalecer la innovación regional, movilizar el capital social y aprovechar las ventajas competitivas que cada región posee. La modernización del Estado, la calidad regulatoria, la descentralización, la innovación, la colaboración público-privada y el fortalecimiento institucional no constituyen agendas independientes. Forman parte de una misma estrategia nacional orientada a recuperar el crecimiento económico, fortalecer la competitividad y mejorar la calidad de vida de las personas.
Superar la trampa de los ingresos medios dependerá, en gran medida, de la capacidad de Chile para construir un Estado habilitante: uno que genere certezas regulatorias, fortalezca sus instituciones, recupere la confianza ciudadana, promueva la innovación y articule las capacidades públicas y privadas al servicio de un propósito compartido de desarrollo sostenible. Porque las economías más prósperas no son aquellas donde el Estado hace más o hace menos. Son aquellas donde el Estado hace mejor aquello que solo él puede hacer: crear las condiciones para que el talento de las personas, la capacidad emprendedora, la inversión y la innovación puedan desplegarse plenamente. En el Chile que viene, el desarrollo no dependerá de elegir entre Estado o mercado; dependerá de la capacidad de ambos para construir, juntos, un futuro de prosperidad compartida.
* Augusto Parra Ahumada, ingeniero comercial, Postítulo en Ciencias Políticas UdeC
