Soberanía marítima: Armada de Chile despliega fiscalización oceánica desde Talcahuano para frenar la pesca ilegal

En un esfuerzo estratégico por blindar las fronteras marítimas y proteger la biodiversidad, la Armada de Chile ejecutó una rigurosa Operación de Fiscalización Pesquera Oceánica (OFPO) en aguas jurisdiccionales correspondientes a la Segunda y Quinta Zona Naval. El despliegue tuvo como propósito central el control de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), asegurando el estricto cumplimiento de los tratados internacionales que resguardan los ecosistemas del Pacífico Sur.

La ofensiva, coordinada desde la base naval de Talcahuano, combinó la capacidad operativa del patrullero oceánico OPV-81 «Piloto Pardo» con apoyo de medios aeronavales, logrando una cobertura integral de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y áreas contiguas de alta mar.

Monitoreo riguroso y control de tránsito internacional

El capitán de fragata Hardy Niklitschek, jefe del Departamento de Operaciones de la Comandancia en Jefe de la Segunda Zona Naval, detalló que las maniobras se enmarcan en los compromisos asumidos por el Estado chileno ante la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (ORP-PS).

“Durante el despliegue se monitoreó, vigiló y controló el tráfico marítimo de naves pesqueras de bandera extranjera que transitaban desde el océano Atlántico hacia el Pacífico, constatándose que solo efectuaban tránsito por las aguas jurisdiccionales nacionales”.

Pilares del despliegue en alta mar

La inspección aeronaval se concentró en tres ejes fundamentales para la seguridad de la macrozona sur:

  • Vigilancia transoceánica: Seguimiento milimétrico de las flotas pesqueras extranjeras en su paso por las rutas que conectan el Atlántico y el Pacífico.
  • Combate a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR): Mitigación de riesgos de extracción ilegal dentro de las 200 millas náuticas chilenas, resguardando la sustentabilidad de la flora y fauna marina.
  • Garantía jurídica: Verificación de que cada embarcación cumpliera con la normativa tanto nacional como internacional vigente.

Con este operativo, la institución naval no solo reafirma el control efectivo sobre sus espacios de jurisdicción, sino que consolida su rol clave en la conservación ambiental global y la defensa de los intereses estratégicos del país en el mar abierto.

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