Operación Tridente Anfibio III: El masivo despliegue militar y policial para blindar el borde costero en Isla Mocha, Quidico y Tirúa

En un movimiento estratégico destinado a consolidar el control territorial en zonas críticas, la Armada de Chile y las policías ejecutaron la Operación Tridente Anfibio III. El despliegue, de carácter multidimensional, se concentró en puntos clave de la provincia de Arauco con un objetivo claro: golpear la logística del crimen organizado y la violencia rural, reforzando la presencia del Estado en áreas de difícil acceso.

La ofensiva combinó las fuerzas del Grupo de Respuesta Inmediata (GRI) de la Policía Marítima, efectivos de Infantería de Marina, unidades de la Jefatura de la Defensa Nacional de la Macrozona Sur y detectives de la Policía de Investigaciones (PDI).

Un escudo simultáneo: Aire, mar y tierra

Según detallaron los canales oficiales de la Segunda Zona Naval, la operación no fue un patrullaje común, sino una acción interagencial que conectó capacidades aéreas, marítimas y terrestres en tres puntos de alta relevancia operacional:

  • Isla Mocha: Vigilancia y control en el territorio insular para evitar rutas de escape o abastecimiento marítimo.
  • Tirúa y Quidico: Fiscalización y reconocimiento en sectores costeros continentales históricamente expuestos a contingencias de seguridad.

Este despliegue simultáneo permitió ampliar la cobertura y garantizar una fuerza de reacción rápida ante cualquier eventualidad en el marco del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia que rige en la zona.

Vigilancia integrada contra el crimen organizado

El corazón de la Tridente Anfibio III radicó en la capacidad de las distintas instituciones para operar como un solo cuerpo. La coordinación entre la Armada y la PDI facilitó la realización de controles vehiculares, patrullajes de infantería y reconocimientos tecnológicos en puntos ciegos de la provincia.

Con esta acción, las fuerzas de seguridad buscan anticiparse a los movimientos de agrupaciones delictivas, fortaleciendo la prevención de ilícitos y devolviendo una presencia estatal permanente a las comunidades más apartadas del Biobío.

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