Por Borja Torrejón
La muerte de Alberto Rojas en el Hospital Regional de Concepción no es solo una tragedia familiar que desgarra el alma; es un síntoma alarmante de un sistema que parece haber normalizado la elusión de responsabilidades. Un hombre de 42 años, rebosante de salud, entra voluntariamente a un quirófano para entregarle un pedazo de vida a su hermana y termina saliendo en un ataúd debido a un error de manual: un clamp mal puesto en una arteria. El acto de amor más puro devorado por la negligencia.
Sin embargo, el horror médico —que ya es devastador— palidece ante la respuesta burocrática posterior. Las primeras explicaciones de «sufrió convulsiones, esto puede pasar», seguidas por el tibio comunicado de la dirección del hospital asegurando que la operación fue «sin incidentes», configuran ese clásico lenguaje corporativo diseñado no para esclarecer, sino para blindarse.
¿Cuándo perdimos la capacidad de asumir el error? En Chile nos hemos acostumbrado a una suerte de «irresponsabilidad institucionalizada». Cuando el aparato público falla de forma flagrante, el manual de crisis dicta lo mismo: prometer comisiones investigadoras, sumarios que duermen el sueño de los justos en algún cajón y, en el peor de los casos, indemnizaciones millonarias pagadas con el dinero de todos los contribuyentes. El erario público financia los platos rotos, mientras que los rostros detrás de las malas decisiones o las manos detrás de las malas praxis se diluyen en el anonimato de un organigrama.
No se trata de linchar públicamente a un equipo médico; la medicina es una ciencia humana y, por ende, falible. Se trata de la decencia mínima de encarar la verdad. La justicia no es solo un cheque emitido por el Estado para mitigar la culpa; la justicia real pasa por establecer responsabilidades personales, administrativas y penales si corresponde.
Mientras las instituciones sigan tratando la pérdida de una vida sana como un mero «accidente estadístico» o un problema de relaciones públicas, la confianza ciudadana seguirá desangrándose en la misma camilla donde Alberto Rojas perdió la vida. Salvar el prestigio de una firma o de un hospital jamás debería valer más que la verdad que se le debe a una familia destruida.
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