El caso que investiga la presunta red de trata de menores de edad desde Haití hacia Chile sumó un testimonio político clave. La exministra del Interior, Carolina Tohá —quien lideraba la seguridad pública cuando se detectaron la mayoría de estas operaciones—, detalló el complejo engranaje institucional que se activó detrás de los counter del Aeropuerto Arturo Merino Benítez tras descubrir que cientos de niños ingresaban al país con documentación irregular.
Tohá admitió que el Palacio de La Moneda encendió las alertas en 2023, luego de que un operativo fronterizo dejara en evidencia el vacío legal y humanitario que enfrentaba el Estado chileno ante esta delicada crisis migratoria.
El dilema humanitario en la frontera
El quiebre del protocolo ocurrió cuando el Servicio Nacional de Migraciones impidió de golpe el ingreso de un grupo de niños debido a inconsistencias en sus papeles, ordenando su retorno inmediato al Caribe.
«Eso encendió muchas alarmas. La posibilidad de que los niños volvieran a Haití sin saber si alguien los estaba esperando, dada la situación crítica de ese país, tampoco era una buena solución», relató la exsecretaria de Estado, exponiendo el dilema ético que obligó a reconfigurar la respuesta fiscalizadora.
A partir de ese hito, el Ejecutivo implementó un mecanismo de contingencia: si el menor portaba papeles incompletos pero sus padres lo esperaban en la losa, era entregado a su familia; en caso contrario, se judicializaba la custodia de inmediato. La urgencia fue tal que los Tribunales de Familia terminaron instalando jueces directamente en las dependencias del aeropuerto para revisar y dictaminar los casos en tiempo real apenas aterrizaban los vuelos sospechosos.
La ofensiva judicial y el rastro de la Subsecretaría de la Niñez
De forma paralela a la fiscalización aeroportuaria, la administración central encomendó a la Subsecretaría de la Niñez realizar un seguimiento pormenorizado a la trayectoria de cada menor en suelo nacional.
El caso escaló formalmente a la justicia penal mediante una denuncia coordinada entre el Servicio de Migraciones y el Ministerio Público. La estrategia fue diseñada junto al equipo de crimen organizado de la Fiscalía y la persecutora especialista en trata de personas, Carolina Suazo, dando origen a la investigación judicial que hoy sigue en curso.
| Año | Hito de la Crisis y Medidas Adoptadas |
| 2023 | Estallan las alertas por el arribo masivo de menores sin papeles válidos. Jueces se instalan en el aeropuerto. |
| 2024 | Cierre preventivo del consulado chileno en Puerto Príncipe debido a la crisis interna en Haití. Caída drástica de vuelos. |
| 2025 | Reapertura del consulado. Se detecta un nuevo repunte de vuelos bajo sospecha y posibles nexos de corrupción interna. |
| 2026 | El consulado se mantiene cerrado y la entrega de visas suspendida de forma indefinida. |
Corrupción en Puerto Príncipe: El factor consular
La exjefa de gabinete explicó que el flujo de vuelos irregulares experimentó un comportamiento de «acordeón» ligado a la presencia diplomática de Chile en la isla. El tráfico mermó drásticamente con el cierre del consulado en Puerto Príncipe en 2024 producto de la crisis civil de ese país. Sin embargo, el escenario se volvió a salir de control meses después.
Con la reapertura de la sede diplomática en 2025, el volumen de operaciones aéreas sospechosas volvió a dispararse. Fue en ese momento cuando los servicios de inteligencia detectaron el antecedente más grave: la presunta complicidad de un funcionario dentro del propio consulado chileno con las organizaciones dedicadas al tráfico de niños. Ante la sospecha de infiltración, el Ejecutivo ordenó la clausura definitiva del proceso de visados, un bloqueo administrativo que se mantiene vigente hasta el día de hoy a la espera de los resultados judiciales.
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