- Modernizar sin debilitar la descentralización.
Los debates sobre modernización del Estado no es recomendable que deban enfrentar una tensión entre eficiencia institucional y capacidad de respuesta territorial. En ese contexto, los recientes anuncios que apuntan a una eventual reestructuración o cierre de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) abren una discusión que merece ser abordada con prudencia, evidencia y visión estratégica.
Creada en 1984 y dependiente del Ministerio del Interior, la Subdere ha cumplido históricamente un rol central en la coordinación, promoción y evaluación de las políticas de descentralización en Chile. Su misión institucional ha sido impulsar reformas orientadas a transferir poder político, económico y administrativo hacia los gobiernos regionales y municipios, fortaleciendo así las capacidades de los territorios para conducir su propio desarrollo.
La relevancia de esta tarea no es menor. Chile continúa siendo uno de los países más centralizados de la OCDE en materia de decisiones administrativas, competencias ejecutivas y distribución del gasto público. En consecuencia, cualquier modificación institucional que afecte a la Subdere debe considerar que sus funciones exceden ampliamente la mera administración de fondos. La institución ha desempeñado un papel clave en el fortalecimiento municipal, la transferencia de competencias a los gobiernos regionales, el acompañamiento técnico a los territorios y la promoción de políticas de cohesión territorial.
Desde luego, la búsqueda de una mayor eficiencia del aparato estatal es legítima y necesaria. Sin embargo, si la decisión gubernamental apunta a reorganizar la institucionalidad vigente, resulta indispensable asegurar que las funciones estratégicas de la Subdere no desaparezcan, sino que sean fortalecidas y adecuadamente redistribuidas.
Una alternativa razonable podría consistir en separar sus funciones en dos grandes ámbitos. Por una parte, una unidad político-legislativa encargada de diseñar, impulsar y evaluar las reformas de descentralización, la transferencia de competencias y la coordinación de la agenda territorial del Estado, eventualmente radicada en el Ministerio del Interior o en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Por otra, una unidad especializada en la administración y seguimiento de recursos, programas y fondos destinados a municipios y gobiernos regionales.
No obstante, cualquiera sea el diseño institucional escogido, existe un elemento que no puede perderse: la gobernanza multinivel. La experiencia internacional demuestra que los procesos de descentralización exitosos requieren coordinación permanente entre el nivel central, regional y local. La colaboración debe reemplazar progresivamente las lógicas verticales y burocráticas que históricamente han caracterizado al Estado chileno.
En efecto, las tendencias contemporáneas de modernización estatal muestran que ningún paradigma por sí solo ofrece respuestas suficientes. La Nueva Gestión Pública aportó valiosas herramientas de eficiencia, evaluación y gestión por resultados. Posteriormente, los enfoques de gobierno abierto incorporaron transparencia, participación y rendición de cuentas. Más recientemente, las gobernanzas colaborativas, multisectoriales y multinivel han puesto el énfasis en la cooperación entre actores públicos, privados y sociales para enfrentar problemas cada vez más complejos.
La tarea, entonces, no consiste en sustituir una teoría por otra, sino en construir una verdadera caja de herramientas institucional. Una que combine gestión por resultados, administración basada en procesos, innovación pública, transformación digital, participación ciudadana y articulación territorial.
Asimismo, resulta particularmente relevante fortalecer aquellas dinámicas de desarrollo que emergen desde los propios territorios. En este punto, las contribuciones de Joseph Schumpeter y Paul Romer conservan plena vigencia. El desarrollo sostenible no surge exclusivamente desde los ministerios sectoriales ni desde los centros de decisión nacionales; también emerge desde las capacidades locales de innovar, emprender, generar conocimiento y construir ventajas competitivas propias. El desafío del Estado es precisamente crear las condiciones para que esos procesos florezcan desde abajo hacia arriba.
La discusión sobre la Subdere no debería reducirse, por tanto, a una cuestión de organigramas. Lo verdaderamente relevante es determinar cómo el Estado chileno continuará fortaleciendo la descentralización, reduciendo las brechas territoriales y mejorando la capacidad de respuesta de municipios y gobiernos regionales.
Si el objetivo es modernizar, hagámoslo. Pero modernizar no debe confundirse con recentralizar. La eficiencia administrativa será siempre deseable, pero sólo tendrá sentido si contribuye simultáneamente a construir un Estado más cercano, más coordinado y más capaz de responder a las necesidades concretas de las personas.
En tiempos de creciente desconfianza institucional, la legitimidad democrática depende cada vez más de la capacidad del Estado para entregar soluciones eficaces, eficientes, oportunas y pertinentes. Ese desafío exige modernización, pero también visión territorial. Y en esa tarea, la descentralización continúa siendo parte de la solución, no del problema.
Augusto Parra Ahumada
Ingeniero Comercial
24
