Un informe del órgano fiscalizador reveló la contratación de personas con antecedentes penales y extranjeros irregulares. Desde el Gobierno apuntan a la gestión anterior, mientras el subsecretario Pavez denuncia «insólitas» rendiciones de gastos en días feriados.
El Censo de Población y Vivienda 2024 ha vuelto al ojo del huracán, esta vez por graves grietas en su gestión administrativa y financiera. Un reciente informe de la Contraloría General de la República destapó una serie de severas irregularidades en las contrataciones del proceso, abriendo un nuevo flanco de conflicto político que salpica directamente a las autoridades del gobierno anterior.
El reporte del organismo fiscalizador encendió las alarmas al revelar que 16 personas con antecedentes penales fueron incorporadas para trabajar en el levantamiento de datos. A esto se suma que la institución contrató a 14 ciudadanos extranjeros que no contaban con los permisos legales ni la habilitación correspondiente para ejercer funciones laborales en el país.
Radiografía del fraude: Los polémicos gastos de transporte
El impacto del informe va mucho más allá de las fallas en los filtros de contratación. En entrevista con el programa Mesa Central, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aseguró que el trasfondo financiero del documento revela un desfalco millonario.
«Lo que descubrió la Contraloría es mucho más que 40 personas mal contratadas. Básicamente, hay un problema con el Censo 2024 de 480 millones de pesos que no están correctamente rendidos», denunció Pavez.
El subsecretario calificó como «insólito» uno de los hallazgos específicos de la auditoría: el registro de un gasto de 134 millones de pesos en transporte durante el 1° de mayo. Se trata de un día feriado irrenunciable en el que las operaciones del Censo estuvieron completamente detenidas y nadie salió a las calles a encuestar.
La ofensiva política y el factor de las responsabilidades
Las esquirlas de esta fiscalización impactaron de inmediato en el escenario legislativo:
- Presión sobre la gestión anterior: El biministro de Economía y Minería, Daniel Más, apuntó de forma directa hacia las eventuales responsabilidades del exministro Nicolás Grau. El cuestionamiento coincide con un momento político complejo para Grau, quien enfrenta los primeros pasos de una acusación constitucional en el Congreso debido al estado de las cuentas fiscales durante su mandato.
- Exigencia de un estándar parejo: El subsecretario Pavez emplazó a la oposición de la época a rendir cuentas ante la ciudadanía. «Nos parece que todo lo que pasó en el censo es grave y las autoridades del gobierno anterior tienen que dar una explicación. Cuando nuestro sector político tuvo problemas con el Censo en el pasado, nos exigieron todas las responsabilidades políticas. Ahora tiene que pasar exactamente lo mismo», sentenció de forma tajante.
Con los antecedentes en manos de la Contraloría y un desfase de casi 500 millones de pesos por aclarar, el Congreso se alista para transformar este informe en una pieza clave de la ofensiva fiscalizadora contra el equipo económico de la administración pasada.
24
