«El debate generado por la ampliación de infraestructura carcelaria en Santiago ha expuesto una tensión que atraviesa hoy a todo Chile: exigimos mayor seguridad, pero evitamos discutir las decisiones estructurales que ella implica. La crisis de seguridad pública dejó hace tiempo de ser una percepción, para transformarse en una preocupación transversal. El aumento de delitos violentos, la presencia del crimen organizado y la presión sobre el sistema penitenciario obligan al Estado a actuar con urgencia. Entre esas acciones aparece una medida inevitable: ampliar la capacidad carcelaria». Así lo piensa Nadia Castro Arias, decana de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), magíster en Trabajo Social y Políticas Sociales.
Sostiene la especialista que «sin embargo, cada anuncio de construcción o ampliación de una cárcel provoca rechazo inmediato. Vecinos temen impactos en su entorno, autoridades locales cuestionan la localización de los proyectos, y se instala la sensación de que ciertos territorios deben asumir los costos que corresponden a un problema país. Esta reacción es comprensible, pero también revela una dificultad mayor: Chile no ha logrado sostener una conversación madura sobre su política penitenciaria». Durante décadas –enfatiza– la planificación carcelaria fue postergada. «Las decisiones se adoptaron como respuesta a crisis coyunturales, más que como parte de una estrategia de largo plazo vinculada al desarrollo urbano, la reinserción social y la seguridad integral. El resultado es un sistema altamente tensionado, hacinamiento carcelario y sobrepoblación penal, que dificultan el control efectivo y reducen las posibilidades reales de rehabilitación».
A juicio de la decana de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la UCSC, la discusión actual no debería centrarse únicamente en dónde instalar una cárcel, sino en qué modelo de seguridad pública queremos construir como sociedad. Más infraestructura sin políticas públicas de prevención, educación, reinserción y cohesión social sólo posterga el problema. Dice que desde las regiones este debate adquiere especial relevancia. «Muchas decisiones estratégicas continúan concentrándose en el nivel central, mientras las consecuencias sociales y territoriales se viven localmente. La Región del Biobío no está ajena a esta realidad: también enfrenta desafíos crecientes en materia de seguridad pública y convivencia social», resalta.
«Por ello, avanzar hacia soluciones sostenibles exige tres condiciones básicas. Primero, planificación estatal de largo plazo que integre seguridad, desarrollo urbano y bienestar comunitario. Segundo, participación temprana de municipios y ciudadanía, evitando que los conflictos emerjan cuando las decisiones ya fueron tomadas. Y tercero, comprender que la seguridad no se resuelve sólo con control, sino también con oportunidades reales de reinserción que reduzcan la reincidencia penal en Chile. Las cárceles cumplen una función necesaria en cualquier Estado democrático. Pero la seguridad verdadera no se construye únicamente tras los muros, sino en la capacidad colectiva de abordar las causas sociales del delito y fortalecer la confianza pública», manifiesta la experta.
Y concluye: «Tal vez el desafío más complejo no sea decidir dónde construir nuevas cárceles, sino asumir que la seguridad implica responsabilidades compartidas y decisiones incómodas, que ningún territorio puede enfrentar en solitario. Si aspiramos a un país más seguro, debemos atrevernos a sostener esa conversación con realismo, evidencia y sentido de bien común».
