El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, definió una hoja de ruta crítica para la reactivación económica del país durante este 2026. En una reciente entrevista concedida a El Mercurio, el secretario de Estado identificó al sector construcción como el motor principal del plan y fijó una meta ambiciosa: lograr la aprobación legislativa del megaproyecto «Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social» antes del mensaje presidencial del 1 de junio. Éste ingresará la próxima semana, probablemente a través de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Según Quiroz, el rubro de la construcción, que ha perdido cerca de 200 mil empleos en el último tiempo, será el primero en dinamizarse gracias a medidas como la exención transitoria del IVA para la compra de viviendas nuevas, y una nueva ordenanza de urbanismo que busca reducir los precios de los inmuebles hasta en un 15%. Para incentivar la inversión a gran escala, el Ministerio de Hacienda propone una rebaja en el impuesto de Primera Categoría junto a una invariabilidad tributaria por 25 años para proyectos superiores a los US $50 millones. Además, el plan otorga mayor certeza jurídica al establecer que, si un proyecto con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable es judicializado y revocado, el Estado compensará y reembolsará los gastos de inversión realizados.
Respecto al financiamiento, Quiroz estima que el crecimiento económico compensará la menor recaudación —estimada en US $1.500 millones por la baja de impuestos— en un plazo de cinco años. «Vamos a sentir los efectos a fines de este año», aseguró el ministro, proyectando que la tasa de crecimiento nacional podría estabilizarse en un rango de entre 2,5% y 3,5% anual. En el ámbito social, el Ejecutivo confirmó un cambio relevante en el texto final: no se incluirá la polémica limitación etaria para la gratuidad universitaria. La medida, que buscaba excluir a quienes se matricularan después de 12 años de egresar de la secundaria, fue descartada tras diálogos internos. La diputada Sara Concha valoró la decisión, señalando que lo fundamental hoy es un debate responsable que compatibilice el acceso a la educación con la realidad económica de las familias chilenas.
