El Gobierno y la CUT inician negociaciones en un escenario de alta fragilidad. Expertos advierten que el margen de maniobra es estrecho debido al impacto que un alza desmedida tendría sobre las Pymes y la inflación.
La mesa de negociación entre el Ejecutivo y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se instala bajo una sombra de incertidumbre económica. Con el actual ingreso mínimo situado en $539.000, el debate sobre un nuevo reajuste se ve tensionado por factores externos e internos que complican la posibilidad de un incremento sustancial.
El factor combustible: Una presión adicional
El escenario actual está lejos de ser el ideal. El alza sostenida en el precio de los combustibles ha generado un efecto dominó, elevando los costos de operación en industrias críticas como el transporte y la energía. Según Jorge Rodríguez, académico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de los Andes, este «shock petrolero» condiciona directamente la viabilidad de las demandas salariales.
«La discusión sobre subir el salario mínimo ocurre en un contexto económico difícil», explica Rodríguez, quien advierte que la economía enfrenta una encrucijada donde el crecimiento podría verse frenado por los costos energéticos, reduciendo así la demanda por nuevos puestos de trabajo.
Riesgos latentes: Empleo e Inflación
El análisis del experto apunta a tres riesgos fundamentales si se realiza un ajuste que no sea consistente con la realidad técnica:
- Impacto en Pymes: Un aumento brusco en los costos laborales podría asfixiar a las pequeñas y medianas empresas, que son las principales empleadoras del país.
- Presión Inflacionaria: Existe evidencia de que los mayores costos de contratación suelen traspasarse al consumidor final. En un año donde ya se proyectan alzas de precios, el salario mínimo podría actuar como un acelerador de la inflación.
- Dinamismo Laboral: El mercado del trabajo ya arrastra una debilidad estructural. El aumento sostenido de los costos laborales en los últimos años ha vuelto más lenta la creación de empleo formal.
Un camino estrecho
La conclusión de los especialistas es clara: el espacio para seguir elevando el piso salarial es, hoy por hoy, acotado. Para evitar efectos colaterales que terminen perjudicando precisamente a los sectores más vulnerables, el reajuste que emane de estas negociaciones deberá ser quirúrgico, equilibrando la justicia social con la sostenibilidad de un mercado laboral que ya muestra signos de fatiga.
Resumen en 10 líneas:
El Gobierno y la CUT negocian un nuevo salario mínimo en medio de un complejo escenario inflacionario. Actualmente, el ingreso se sitúa en $539.000, pero las alzas en los combustibles presionan los costos operativos. Jorge Rodríguez, académico de la Uandes, advierte que el espacio para futuros aumentos es extremadamente acotado. Un reajuste excesivo podría golpear la demanda de trabajo y frenar el crecimiento económico nacional. Además, se teme que los mayores costos laborales se traspasen a los precios finales, alimentando la inflación. El mercado laboral ya evidencia un menor dinamismo por el incremento acumulado de los costos de contratación. Las pequeñas y medianas empresas serían las más afectadas ante una decisión que no considere la realidad técnica. Expertos sugieren que cualquier ajuste debe ser consistente con la fragilidad de la actividad económica actual. La meta es evitar que una mejora salarial termine destruyendo empleos en los sectores más vulnerables. La negociación será clave para definir la estabilidad financiera del país durante el resto de 2026.
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