* Los senadores analizaron aspectos complejos de la propuesta, tales como la revisión de mochilas, la expulsión de estudiantes en el contexto de protestas y la rotación de alumnos ‘conflictivos’ entre establecimientos. La falta de financiamiento fue uno de los temas que centró la atención de los integrantes de la Comisión de Educación, quienes comenzaron el estudio en general y particular, de la iniciativa que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa.
El proyecto impulsado por el Ejecutivo contempla distintas medidas que apuntarían a enfrentar hechos de violencia cometidos al interior de establecimientos educacionales. Éstas, como se ha adelantado, incluyen la revisión de mochilas, sanciones por la interrupción de clases y un nuevo requisito para acceder a la gratuidad, entre otras. El texto en segundo trámite, fue explicado por la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien enfatizó que “estamos frente a hechos que tienen que ver con las dificultades de los profesores y los equipos escolares para mantener el orden en las salas. A eso se suma la importante carga administrativa que significa gestionar denuncias. De ellas, sólo un 20% termina en una sanción efectiva”.
La autoridad reconoció que “se han constatado 43 delitos en promedio, por año, en los establecimientos educacionales. Hablamos de delitos contra la vida y aquellos que tienen relación con drogas y armas. Las acciones que proponemos en este proyecto (algunas de ellas como es la revisión de mochila), probablemente no van a ser necesarias en todos los colegios. En cuanto al contenido del texto, la ministra aclaró que “hay que precisar que el proyecto permite (no siendo obligatorio) que los colegios puedan incluir la revisión de mochilas, bolsos y pertenencias;ellos evaluarán esa necesidad. Ahora no se abren las mochilas, se les pide a los estudiantes abrirlas. Esto se hará en una sala aparte y lo hará un profesional específico para ello”. La Comisión acordó recibir audiencias en las próximas semanas, de distintos actores que ya han solicitado ser escuchados. También se adelantó que en una próxima sesión se conocerá un informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN).
Lo aprobado por la Cámara Baja
El texto permite a los sostenedores incorporar en sus reglamentos internos la medida de revisar mochilas, bolsos u otros efectos personales de los estudiantes, excluidas sus vestimentas. Esto con el fin de evitar el ingreso, uso, porte y posesión de elementos que puedan utilizarse para agredir a otros o atentar contra la infraestructura del establecimiento educacional. Pero, estará estrictamente prohibido requerir al estudiante que se desnude, así como su revisión corporal. Si tras esta revisión “se hallaren elementos” como los descritos en la norma, los establecimientos comunicarán el hecho de inmediato a los padres y apoderados del estudiante, así como a Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones de Chile.
El proyecto añade que el reglamento interno de cada establecimiento deberá establecer cuál es el personal expresamente autorizado para esta revisión. Asimismo, en los casos de estudiantes con necesidades educativas especiales, la revisión debe contar con el asesoramiento de un profesional del equipo PIE o de convivencia escolar. El proyecto también aborda los actos que tengan como consecuencia la interrupción de clases. En esa línea, se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por estudiantes para impedir la realización de clases o que tengan como consecuencia directa la interrupción total o parcial de estas, o la suspensión de actividades académicas. Pero, se excluye aquellos cometidos involuntariamente.
Adicionalmente, se suman las amenazas realizadas por algún miembro de la comunidad educativa, por cualquier medio, que tengan como consecuencia la interrupción total o parcial de clases o la alteración sustancial del normal desarrollo de la jornada. Además, el proyecto establece que no podrán recibir gratuidad en la Educación Superior aquellos estudiantes condenados por delitos que atenten contra la vida, la integridad física de las personas o contra la propiedad pública o privada. La citada inhabilidad tendrá una duración de cinco años.
