En un esfuerzo por garantizar que cada peso del Estado llegue a quien realmente lo necesita, la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, reafirmó que el organismo ha desplegado una ofensiva fiscalizadora sobre la asignación de ayudas estatales. Bajo la premisa de que los recursos son finitos y el abuso es inaceptable, la entidad busca corregir distorsiones que hoy drenan el erario público.
El foco en la probidad: UAndes como escenario
Durante el conversatorio «Probidad y Eficiencia del Estado», realizado en la Universidad de los Andes y moderado por el exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, la máxima autoridad de control trazó la hoja de ruta para este 2026. Según Pérez, la estrategia no es reactiva, sino una prioridad institucional que se suma a la vigilancia sobre infancia y migraciones.
“El foco está en la entrega irregular de beneficios a personas que no cumplen con los requisitos legales. En simple: estamos combatiendo el abuso”, sentenció la abogada ante una audiencia de académicos y estudiantes.
La lógica de la optimización
Para la Contraloría, la fiscalización de los bonos y subsidios no es un mero trámite administrativo, sino un acto de justicia distributiva. La contralora fue enfática en señalar que, ante necesidades ilimitadas y fondos escasos, la única vía ética es la optimización.
“Hay que corregir los abusos para que esos recursos se destinen a los lugares donde se necesitan más”, explicó, subrayando que al fiscalizar no solo se revisan papeles, sino que se custodia la voluntad ciudadana expresada en las leyes aprobadas por el Congreso.
Hallazgos esperados: Entre la omisión y el engaño
Si bien el proceso está en pleno desarrollo y no existen cifras definitivas de fraude, la Contralora adelantó algunos de los escenarios «clásicos» que el cruce de datos está empezando a arrojar:
- Subsidios de arriendo otorgados a personas que ya poseen propiedades a su nombre.
- Beneficiarios de ayudas estatales que, al momento de percibir el fondo, ya no residen en territorio chileno.
Un guardián de los intereses ciudadanos
Dorothy Pérez cerró su intervención recordando que el rol de la Contraloría es actuar como el custodio de los intereses de la gente. Al verificar que se cumplan las reglas del juego, el organismo asegura que el pacto social —donde la ciudadanía confía sus impuestos al Estado para protección social— no se rompa por la falta de rigor o la viveza de unos pocos.
Dato Clave: El Plan Fiscalizador 2026 concentra una parte inédita de los recursos humanos y tecnológicos de la Contraloría en el cruce masivo de bases de datos para detectar estas inconsistencias en tiempo real.
EO
