La salida de Rodrigo Durán Fuica del Ministerio Público ya es una realidad jurídica inapelable. En un fallo categórico, la Corte Suprema rechazó el recurso de protección interpuesto por la defensa del exfiscal de Los Ángeles, confirmando la legalidad de su destitución. Aunque Durán intentó frenar su remoción calificando el actuar del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, como «arbitrario e ilegal», el máximo tribunal validó el proceso administrativo que desmanteló una de las tramas de corrupción más graves detectadas recientemente en la Región del Biobío.
El origen de este quiebre institucional radica en un sumario interno que dejó al descubierto un conflicto de intereses sistemático. Según la investigación, Durán operaba como un informante clave para el estudio jurídico de su esposa, Andrea Romero, entregando datos sensibles y estratégicos sobre causas vigentes. El persecutor intervino directamente en al menos dos procesos, facilitando información específica sobre imputados vinculados al bufete familiar.
Sin embargo, el punto de mayor gravedad que selló su destino fue la conexión de estas filtraciones con el crimen organizado. Las pesquisas determinaron que la red de influencias alcanzó expedientes relacionados con el sicario venezolano Moisés Bastardo.
Con esta resolución, la justicia chilena cierra un capítulo oscuro de opacidad en la provincia del Biobío, reafirmando que la probidad en el Estado de Derecho no admite concesiones.
EO
