Información privilegiada, teléfonos ocultos y una magistrada «a la medida»: la Fiscalía de Ñuble reveló cómo una asociación criminal cooptó el sistema judicial para favorecer a delincuentes, traficantes y tratantes de armas. Hoy continúa la audiencia de formalización.
Lo que comenzó como una sospecha sobre irregularidades en tribunales terminó por destapar una de las tramas de supuesta corrupción judicial más complejas del último tiempo en la Región del Biobío. La Fiscal Regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, formalizó a tres abogados y un funcionario judicial, acusándolos de montar una verdadera maquinaria delictiva diseñada para torcer el brazo de la justicia en Los Ángeles.
Los rostros de la asociación
El grupo, activo desde 2017 hasta marzo de 2025, está integrado por las abogadas Susana Cortés Karmy y Andrea Romero Jara, junto al exdefensor jefe de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez Marinado (cónyuge de Cortés), y el funcionario del Juzgado de Garantía, Nelson Sáez Reyes.
Según el relato del Ministerio Público, esta organización no solo defendía a sus clientes, sino que garantizaba su impunidad mediante métodos propios del crimen organizado:
- Obstrucción extrema: Las abogadas habrían eliminado evidencias físicas y alertado a sus clientes sobre allanamientos inminentes.
- Espionaje y tecnología: Al parecer instruían a los delincuentes a usar teléfonos antiguos para evadir interceptaciones y habrían fabricado «cooperaciones eficaces» con datos aparentemente falsos para engañar al sistema.
- Infiltración total: Los imputados habrían extraído información confidencial desde los sistemas de la Defensoría y la Fiscalía para anticipar cada movimiento de la policía.
Un tribunal «arreglado»
El punto más crítico de la investigación apunta a la presunta cooptación de las instituciones. La Fiscalía sostiene que el funcionario Nelson Sáez, encargado de actas, supuestamente manipulaba la agenda de las audiencias para que los casos de las abogadas cayeran en manos de una magistrada específica —también implicada— que fallaba sistemáticamente a su favor.
La red se extendería por lazos familiares y jerárquicos: mientras Gutiérrez habría filtrado datos desde la Defensoría, un fiscal de Los Ángeles (esposo de Andrea Romero e imputado en la causa) supuestamente facilitaba el acceso a la base de datos del Ministerio Público para favorecer las defensas de su mujer.
Los cargos y el futuro judicial
Los delitos imputados conforman un abanico criminal extenso: asociación criminal, lavado de activos, cohecho, sobornos, tráfico de armas y drogas, y prevaricación.
Por ahora, la magistrada y el fiscal involucrados no han sido formalizados, ya que su investidura requiere que la Corte de Apelaciones de Concepción apruebe primero una querella de capítulos para retirarles el fuero. En tanto, para los cuatro detenidos actuales, la audiencia continuará mañana, cuando se definan las medidas cautelares que, dada la gravedad de los hechos, apuntan a la prisión preventiva.
Nota de la Redacción: Conforme al principio de presunción de inocencia, los aludidos se consideran inocentes mientras no se dicte una sentencia condenatoria firme y definitiva. El proceso de la acción legal de formalización recién se inicia y su status se encuentra aún en etapa de tramitación.
SOJ
