El Presidente Gabriel Boric asumió su mandato con una definición que, en su momento, fue presentada como un gesto de convicción republicana, aspiraba a terminar su gobierno con menos poder que aquel con el que inició. La frase no era retórica. Aludía a una promesa concreta de avanzar en autonomía política, administrativa y fiscal para las regiones, desde un proceso de descentralización que impulsara medidas político, legislativas y administrativas orientadas a transferir competencias reales, recursos y capacidad de decisión. Prometía la eliminación de los Delegados Presidenciales, en una lógica de traspasar mayores competencias los Gobernadores Regionales electos democráticamente, medida que incluso ponía en entredicho la idea de mantener un Estado Unitario, que en lo personal no comparto. Hoy, al aproximarnos al cierre de su mandato, la pregunta es inevitable: ¿se cumplió aquella promesa o asistimos a una nueva frustración en la larga historia de reformas inconclusas?
Desde 1990 a la fecha, Chile ha transitado un camino gradual y muchas veces tímido en materia de descentralización. La creación de los gobiernos regionales, la elección democrática de consejeros regionales, la posterior elección directa de gobernadores regionales y la transferencia parcial de competencias sectoriales han sido hitos relevantes. Sin embargo, el diseño ha mantenido un rasgo estructural: el predominio del centro. Las regiones administran, pero no deciden plenamente; ejecutan, pero no diseñan en plenitud su propio destino.
La evidencia comparada es elocuente. Chile continúa siendo uno de los países más centralizados de la OCDE en materia fiscal. Mientras el promedio de gasto público ejecutado por niveles subnacionales en los países miembros bordea ampliamente el 28% del gasto total e incluso supera el 32% en varias economías desarrolladas, en Chile la proporción de gasto descentralizado se mantiene en torno a una fracción significativamente menor, inferior al 15% del gasto público total. Es decir, el grueso de los recursos y de las decisiones estratégicas permanece en el nivel central. No se trata solo de un dato contable, es la expresión concreta de dónde reside el poder político efectivo.
El proyecto “Regiones Más Fuertes”, anunciado como el emblema descentralizador del actual gobierno, prometía profundizar la transferencia de competencias y robustecer la autonomía fiscal regional. Sin embargo, su avance ha sido escaso y carente de impulso político sostenido. No se ha consolidado un nuevo pacto fiscal territorial ni se ha dotado a los gobiernos regionales de herramientas suficientes para transformarse en verdaderos motores o agentes capaces de gestionar el desarrollo. La iniciativa, más que estructural, terminó diluyéndose en ajustes marginales y declaraciones de intención.
Más grave aún ha sido el impacto del denominado caso convenios sobre la fe pública en el proceso descentralizador. Lo que debía representar un paso hacia una gestión más cercana, flexible y pertinente terminó asociado a prácticas que instalaron sospecha y descrédito. Resulta indispensable recordar que el origen normativo de buena parte de esta flexibilización se encuentra en el instructivo de 2022 de la Dirección de Presupuestos (Dipres), que amplió la discrecionalidad mediante la habilitación de traspasos directos y mecanismos discrecionales en los traspasos desde gobiernos regionales a corporaciones y fundaciones, sin más exigencia que la personalidad jurídica vigente. Aquella flexibilización, concebida bajo la lógica de agilizar la ejecución presupuestaria de los Gobiernos Regionales, supuso en los hechos un retroceso en el diseño institucional, debilitando estándares de control y alterando el equilibrio entre autonomía y responsabilidad.
El daño no es meramente administrativo. Es cultural e institucional. Cuando la descentralización se asocia a opacidad, discrecionalidad o captura de recursos, se erosiona la legitimidad de una reforma que, en esencia, busca democratizar el poder y acercar la toma de decisiones a las personas, conectando planes y programas con las urgencias y necesidades más inmediatas de las personas. Se instala la narrativa de que el problema no es el centralismo, sino la incapacidad regional, distorsionando un debate que debiera centrarse en fortalecer capacidades, controles y transparencia.
En un contexto de desconfianza institucional creciente, de desconexión entre ciudadanía y sistema político, y de percepción extendida de que el Estado no logra ofrecer respuestas oportunas y pertinentes a los problemas colectivos, la descentralización no es un privilegio programático ni una consigna política conveniente. Es una prioridad democrática. Sin modernización del Estado, sin reglas claras de probidad, sin sistemas de control robustos y sin una arquitectura fiscal coherente, la transferencia de poder puede transformarse en una mera ilusión o, peor aún, en un factor de mayor descrédito.
El desarrollo, entendido como la mejora sostenible de la condición de vida de las personas, exige decisiones cercanas, pertinencia territorial y responsabilidad institucional. Exige también coherencia entre estrategias y onjetivos. Si la promesa fue terminar con menos poder desde La Moneda, el balance indica que el centro no solo conservó su predominio estructural, sino que el proceso descentralizador sufrió un retroceso en credibilidad y claridad estratégica, qué deviene en gobiernos regionales más débiles, delegados presidenciales con menos competencias y no solo un exiguo avance de la Descentralización, si no una mayor dependencia de las regiones del gobierno central.
La lección es profunda. La descentralización no puede sostenerse en voluntarismos ni en improvisaciones administrativas. Requiere un pacto político amplio, un rediseño fiscal serio y una convicción ética intransable respecto de la probidad. De lo contrario, cada intento fallido no solo frustra a las regiones: debilita la confianza en la democracia misma.
Porque cuando la ciudadanía percibe que el poder no se acerca, que las promesas no se cumplen y que los recursos públicos no se gestionan con rigor, lo que se erosiona no es un gobierno en particular, sino la legitimidad del Estado como instrumento de bien común. Y sin legitimidad, no hay desarrollo posible.
Augusto Parra Ahumada
Ingeniero Comercial
Postgrado en Ciencias Políticas
Diplomado en Gestión Pública, Desarrollo Regional y Local
Presidente de la Fundación República en Marcha
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