En un movimiento legal sin precedentes que escala la tensión entre el sector privado y la administración pública, la pesquera Landes ha formalizado una demanda indemnizatoria contra el Estado de Chile. La compañía, con base en Talcahuano, solicita una compensación superior a los US$ 70 millones (exactamente US$ 70.188.000) tras la implementación de la nueva Ley de Fraccionamiento Pesquero.
La acción judicial, ya acogida por el 22º Juzgado Civil de Santiago, denuncia que la redistribución de cuotas de pesca —impulsada bajo la administración del expresidente Gabriel Boric— constituye una vulneración al derecho de propiedad y un daño patrimonial severo.
«Expropiación de facto» y falta de rigor técnico
Para la defensa de Landes, liderada por el estudio Barros & Errázuriz, la ley no es una simple regulación, sino un despojo. David Cademartori, abogado socio de la firma, calificó la normativa como una «expropiación encubierta», argumentando que el Estado reasignó activos históricos de la empresa a terceros sin mediar compensación alguna.
Por su parte, Andrés Fosk, CEO de Landes, fue tajante al criticar el origen de la ley:
«Se impuso un estilo de trabajo irresponsable y alejado de lo técnico, basado en informaciones imprecisas o derechamente falsas. El Estado no puede disponer de cuotas que las empresas han construido históricamente para transferirlas de forma discrecional».
El Jurel: La joya de la corona en disputa
El centro del conflicto radica en la pesquería del jurel, un recurso que actualmente goza de una salud biológica óptima y una alta demanda en mercados de Europa y Asia. Landes advierte que el nuevo fraccionamiento genera una contradicción económica inexplicable:
- Contexto Global: Alta demanda y escasez de sustitutos internacionales.
- Traba Local: Una legislación que, según la empresa, restringe la capacidad industrial de procesar jurel para consumo humano, derivándolo preferentemente a la producción de harina de pescado.
Esta restricción no solo afectaría las utilidades, sino que ha obligado a la compañía a congelar proyectos de modernización de flota y ampliación de plantas de congelado, inyectando una incertidumbre que amenaza la estabilidad laboral en la Región del Biobío.
Impacto en el Biobío y llamado al nuevo ciclo político
La demanda no solo tiene un trasfondo financiero, sino también social. La pesca industrial es el motor de comunas como Talcahuano, Coronel, Lota y Tomé, empleando a más de 6.500 personas (en su mayoría mujeres).
Las claves del reclamo de Landes:
- Certeza Jurídica: Exigen reglas claras para retomar la inversión estancada.
- Reparación Patrimonial: Compensación por las cuotas arrebatadas.
- Alerta Legislativa: Fosk advirtió que la discusión de una «Nueva Ley de Pesca» —herencia de la administración saliente— representa una amenaza aún más profunda para el sector si no se corrige el rumbo técnico.
La empresa hace un llamado directo al Congreso y a la nueva administración entrante para que actúen como un contrapeso, devuelvan la estabilidad regulatoria y prioricen el crecimiento económico en regiones golpeadas por la desindustrialización, como lo es la Región del Biobío.
SOJ
