Fatal salto de fila.

Lo que comenzó como una denuncia por supuestas irregularidades administrativas en el Hospital del Salvador ha escalado a una crisis humana y política de proporciones mayores. La confirmación del fallecimiento de un paciente cuya cirugía fue suspendida supuestamente para dar prioridad a la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ha transformado el caso en una investigación por presunto tráfico de influencias con consecuencias fatales.

Cronología de una omisión fatal

El pasado 23 de diciembre, mientras el sistema hospitalario operaba bajo la presión habitual de las fiestas de fin de año, en el Hospital del Salvador se habría alterado la tabla quirúrgica. La madre de la secretaria de Estado fue ingresada a pabellón, obligando eventualmente a postergar una re-exploración de un paciente laparotomizado, un procedimiento de emergencia diseñado para intervenir órganos internos en situaciones críticas.

El desenlace fue el peor escenario posible: el paciente al parecer postergado falleció tres días después producto de un shock séptico. La gravedad reside en que, según los antecedentes, la priorización supuesta de la familiar de la ministra se habría realizado ignorando el nivel de riesgo clínico de otros 11 pacientes que aguardaban intervención, rompiendo el principio de humanidad, equidad y probidad que rige al sistema público de salud.

El cerco político: Entre la renuncia y la justicia

La respuesta del arco parlamentario ha sido inmediata y transversal en la oposición, escalando el conflicto desde lo administrativo a lo judicial.

• Denuncia por Tráfico de Influencias: El diputado Andrés Celis (RN) anunció el ingreso de una denuncia ante el Ministerio Público. El parlamentario sostiene que las explicaciones entregadas por el hospital y el Ejecutivo han sido desmentidas por los hechos, exigiendo que la Fiscalía intervenga de oficio.
• Exigencia de Renuncia: Desde el Partido Republicano, la bancada solicitó formalmente al Presidente Gabriel Boric la salida de Aguilera. El jefe de bancada, Juan Irarrázaval, fue tajante: «Una secretaria de Estado debe servir y no servirse de los recursos del Estado». Por su parte, el diputado Agustín Romero subrayó que la confianza pública se quiebra cuando el Ejecutivo no demuestra que el Estado trata a todos los chilenos por igual.
• Fiscalización de Contraloría: La UDI ha solicitado una auditoría urgente al Hospital del Salvador para determinar quién dio la orden de alterar el orden de las cirugías y bajo qué criterios técnicos —si es que existieron— se justificó el procedimiento.

Un golpe a la línea de flotación del Gobierno

A pocos meses de finalizar la administración, este escándalo golpea el núcleo de la promesa de igualdad del actual Gobierno. La frase del diputado Jorge Guzmán (Evópoli) resume el sentimiento de indignación: «Es inmoral saltarse la fila, pero es inaceptable que alguien muera esperando porque una autoridad lo hizo».

La defensa de la ministra, que apelaba inicialmente a un procedimiento regular, se estaría desmoronando ante el dato clínico del shock séptico del paciente fallecido. Ahora, la interrogante no es solo si hubo una falta administrativa, sino si existe una responsabilidad penal derivada de una decisión jerárquica que terminó costando una vida.
SOJ