La diputada Marlene Pérez (Indep – UDI), representante de la Región del Biobío, ha intensificado su ofensiva legislativa contra el acoso escolar en Chile, proponiendo una medida de alto impacto: sanciones económicas directas a los padres de los estudiantes que ejerzan bullying.
La parlamentaria ha sido una voz constante en el Congreso, realizando numerosas acciones y oficios ante el aumento alarmante de la violencia en los establecimientos educativos. Ahora, su estrategia busca un enfoque integral que involucre a los adultos responsables.
La Inspiración Argentina y la Necesidad de Involucrar a los Padres
La propuesta de la diputada Pérez toma como modelo una innovadora legislación recientemente aprobada en la provincia de Mendoza, Argentina. Dicha normativa establece multas significativas para los tutores de alumnos que sean identificados como agresores, obligando a los padres a tomar parte activa en la erradicación del problema.
La diputada Pérez enfatizó que la responsabilidad no debe recaer únicamente sobre los colegios y las víctimas. «Si bien es crucial crear un ambiente escolar seguro y de respeto, también es necesario involucrar a los padres y tutores en esta lucha,» señaló la parlamentaria, añadiendo: «No podemos seguir permitiendo que el bullying se normalice en nuestros colegios. Tomar acción es urgente.»
Cifras Alarmantes que Exigen un Cambio de Enfoque
La urgencia de la medida se sustenta en las estadísticas crecientes de violencia escolar en el país. La diputada Pérez citó datos que demuestran la gravedad de la crisis:
- Aumento en Denuncias: Según la Asociación Chilena de Seguridad (Achs), las denuncias por violencia escolar aumentaron en un 74% entre 2023 y 2024, y la tendencia sigue en ascenso.
- Problemas de Convivencia: La Superintendencia de Educación reportó más de 1.500 denuncias por problemas de convivencia solo durante el primer trimestre de 2025, lo que representa un incremento del 25% respecto al año anterior.
La parlamentaria subrayó que el acoso tiene efectos devastadores y profundos no solo en los estudiantes que lo sufren, sino también en sus familias. «Estas estadísticas evidencian la necesidad de implementar medidas efectivas que aborden de manera contundente el acoso escolar,» concluyó la diputada Marlene Pérez, defendiendo que la sanción económica a los padres es un mecanismo disuasorio crucial para devolver a la familia la corresponsabilidad en el comportamiento de sus hijos.
SOJ
