La Cámara de Diputadas y Diputados ha dado un paso crucial para reforzar la seguridad en entornos educativos y de salud. Con 97 votos a favor, la iniciativa que permite a colegios y centros asistenciales la implementación de detectores de metales y otras tecnologías de detección para prevenir el ingreso de armas y objetos peligrosos ha sido aprobada y despachada para su segundo trámite en el Senado.
La medida, impulsada por la diputada por el Biobío, Marlene Pérez, junto al diputado Henry Leal, busca establecer un marco jurídico claro para que las instituciones puedan adoptar protocolos de seguridad disuasivos.
Prioridad: Proteger a la Comunidad
La diputada Marlene Pérez quien es autora de iniciativa, valoró la aprobación y destacó que el objetivo principal es recuperar la tranquilidad en espacios que deben ser totalmente seguros.
“Este es un paso muy importante para recuperar la seguridad en espacios que deben ser completamente seguros, como los establecimientos educacionales y los centros de salud. Nuestra prioridad es proteger a estudiantes, docentes, funcionarios y pacientes, garantizando siempre el respeto a la dignidad y la privacidad de las personas,” afirmó la parlamentaria.
Pérez enfatizó que la propuesta no busca la criminalización, sino la prevención activa de hechos de violencia que lamentablemente han afectado a estos entornos.
Protocolos Internos y Resguardo de Derechos
La propuesta de ley está diseñada para equilibrar la seguridad con el respeto a los derechos fundamentales. El texto legal establece que, de aprobarse, cada establecimiento tendrá la facultad de:
- Definir protocolos internos para el uso de estos dispositivos.
- Garantizar el resguardo de la honra y la vida privada durante el proceso de detección.
- Fijar criterios de proporcionalidad, pertinencia tecnológica y capacitación del personal a cargo de la seguridad.
Urgencia Antes del Año Escolar 2026
La legisladora subrayó la urgencia de que el Senado discuta y despache el proyecto antes del inicio del año escolar 2026. Esto permitiría a las comunidades escolares evaluar su realidad particular y, si lo estiman conveniente, adoptar estas medidas preventivas y disuasivas antes de que comiencen las clases.
La norma, de convertirse en ley, entregará una herramienta largamente solicitada por las comunidades para reforzar la seguridad y asegurar que los entornos educativos y sanitarios sigan siendo lugares dedicados exclusivamente al aprendizaje y la salud.
SOJ
