La Contraloría Regional de Ñuble ha emitido un severo dictamen contra la Municipalidad de Chillán tras acreditar graves irregularidades en la contratación y pago de servicios a honorarios durante el periodo comprendido entre 2022 y 2024. El Informe Final N° 566 de 2024 formuló un reparo por un total de $63.312.607 en pagos no acreditados.
El organismo fiscalizador centró su investigación en contratos de asesorías jurídicas y comunicacionales, involucrando directamente al abogado Gabriel Osorio Vargas y a los comunicadores Rodrigo Osses Pedraza, Felipe Ahumada Jegó y José Acosta Hernández.
Irregularidades Múltiples y Falta de Control
El informe detalla una clara falta de control y supervisión por parte del municipio, documentando diversas infracciones a la probidad y a la Ley de Compras Públicas:
- Falta de Respaldo: Se detectaron certificados de cumplimiento idénticos y genéricos que carecían de respaldo documental suficiente para justificar los servicios prestados.
- Superposición de Funciones: Se comprobó que el abogado Gabriel Osorio Vargas mantenía contratos paralelos con otros municipios e instituciones públicas, lo que configura una potencial incompatibilidad física y una superposición de funciones.
- Contravención a la Normativa: El órgano fiscalizador constató que las labores ejecutadas por los profesionales correspondían a funciones permanentes propias del Departamento Jurídico municipal, contraviniendo la normativa que rige la contratación a honorarios.
Acceso Indebido a Información Confidencial
Una de las faltas más graves detectadas en el informe es que el abogado Gabriel Osorio Vargas tuvo acceso a preinformes confidenciales elaborados por la propia Contraloría General de la República, vulnerando severamente las normas de secreto y confidencialidad que rigen al órgano fiscalizador.
El reparo de más de $63 millones obliga a la Municipalidad de Chillán a adoptar medidas correctivas inmediatas y a responder por los pagos efectuados sin la debida justificación ni control.
SOJ
