La incertidumbre sobre el cobro del TAG en el futuro Puente Industrial del Biobío escaló hasta la Contraloría General de la República. El abogado y exgobernador del Biobío, Robert Contreras Reyes, viajó a Santiago este jueves para ingresar un requerimiento formal, solicitando directamente a la Contralora Dorothy Pérez que se pronuncie sobre la legalidad del peaje.
Esta acción se produce luego de que la Contraloría Regional del Biobío declinara emitir una resolución sobre el tema el pasado 23 de septiembre, dejando en vilo a miles de usuarios.
Impacto Social y la Necesidad de un Fallo Definitivo
Contreras Reyes argumenta que el cobro del TAG no es solo un tecnicismo jurídico, sino un problema que afecta directamente a los habitantes del Gran Concepción. La medida incrementaría significativamente los costos de traslado para quienes utilizan a diario la Ruta 160 entre Coronel y San Pedro de la Paz, una zona ya castigada por la congestión vial crónica y la falta de alternativas de transporte eficientes.
«Es fundamental que la Contraloría General zanje esta discusión. El cobro de TAG en el Puente Industrial debe ser revisado en su origen y conforme a derecho, considerando además el impacto social y económico que esto tiene en las familias», sostuvo el exgobernador.
La solicitud busca que la máxima autoridad fiscalizadora determine si la aplicación del cobro está justificada, especialmente porque el proyecto aún no está finalizado y varias obras complementarias se encuentran pendientes de licitación y ejecución. La resolución de este conflicto será crucial para brindar tranquilidad a los miles de viajeros que dependen de este corredor para moverse en el cono sur del Gran Concepción.
SOJ
