El proyecto de ley que busca modificar el Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL) fue presentado ante la Comisión de Salud de la Cámara Alta. Los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de Salud, Ximena Aguilera, destacaron las diferencias en el uso de licencias médicas entre el sector público y el privado, y señalaron que la iniciativa podría generar un efecto fiscal de $183 mil millones.
El ministro Marcel explicó que el aumento en el uso de licencias médicas, sin una justificación demográfica clara, es una preocupación del Gobierno. El proyecto de ley busca modernizar el régimen de licencias y responde a compromisos previos del Ejecutivo.
Justicia y control para la función pública
Marcel enfatizó que el abuso de licencias médicas en el sector público no solo genera una carga de trabajo adicional para los colegas que sí están en sus puestos, sino que también desprestigia la función pública. “Cuantitativamente, ha habido un cambio significativo en la intensidad del uso de las licencias sin que haya un factor demográfico que lo justifique”.
El ministro repasó los informes de la Contraloría General de la República sobre el mal uso de licencias en el sector público y detalló las medidas ya implementadas, como la creación de comités de ausentismo y el inicio de procesos disciplinarios. Estas acciones ya han mostrado resultados: «Desde el mes de mayo, solo una semana después de publicarse el informe de la Contraloría, hubo una disminución importante».
Ejes de la estrategia del Ejecutivo
La ministra Aguilera complementó la presentación, detallando los tres ejes de la estrategia del Gobierno para abordar la problemática:
- Combate a las conductas fraudulentas y a los grandes emisores, a través de la Ley 21.746.
- Fortalecimiento de la fiscalización, mediante la modernización del Sistema Nacional de Servicios de Salud.
- Mejora de los incentivos, con este nuevo proyecto de ley que modifica los parámetros de las licencias.
Impacto fiscal y el futuro del proyecto
Marcel detalló cómo el proyecto generaría una recuperación fiscal de $183 mil millones:
- Ahorro en remuneraciones: Al homologar el periodo de carencia de 2 días para el sector público y aplicar un tope de remuneración, se estima un ahorro de $122.500 millones.
- Reducción del gasto en Fonasa: La aplicación de una carencia de 2 días en licencias de 11 días o más generará un ahorro de $34 mil millones.
- Recuperación de fondos del SIL: Con la aplicación de la carencia de 2 días para todos los trabajadores (Fonasa e Isapre), se espera una recuperación de $24 mil millones.
- Ahorro en Capredena y Dipreca: Se proyecta un ahorro directo de $2.586 millones.
El ministro concluyó destacando que este no es un problema exclusivo del sector público, sino de todo el sistema. “Podemos mejorar mucho los controles, pero cuando el diseño tiende a facilitar un cierto comportamiento por parte de los asegurados, inevitablemente nos volveremos a encontrar con estos problemas en el futuro”.
Puntos clave del proyecto
- Establece un periodo de carencia de 2 días para el pago del SIL en licencias por accidente o enfermedad común, sin importar su duración.
- Homologa las condiciones para trabajadores del sector público y privado, eliminando la remuneración completa sin carencia para los funcionarios públicos.
- Fortalece las facultades fiscalizadoras de la COMPIN, permitiendo el cruce de datos con organismos como el Servicio de Impuestos Internos (SII) para detectar a quienes emiten boletas de honorarios mientras están con licencia, siempre resguardando la información de los trabajadores.
SOJ
