Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) ha puesto al descubierto un alarmante uso indebido de licencias médicas por parte de funcionarios públicos. Según el organismo, un total de 13.286 servidores del Estado asistieron a casinos de juego mientras se encontraban con reposo médico. Esta fiscalización, basada en datos de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), detectó que estos funcionarios presentaron un total de 14.599 justificativos de licencia médica, que no habrían respetado el período de reposo.
El análisis de la Contraloría reveló que, durante este período, se registraron 14.923 asistencias a casinos por parte de estos funcionarios. La concentración de visitas fue particularmente alta en tres regiones: O’Higgins, con 3.376 registros (23% del total); el Biobío, con 2.180 (15%); y Valparaíso, con 2.162 (14%). Los Lagos (10%) y La Araucanía (7%) también se encontraban entre las regiones con mayor cantidad de visitas.
Municipios y Hospitales concentran el mayor número de casos
El informe también detalla que los 14.599 casos de licencias médicas no respetadas se distribuyen en 799 entidades públicas. Las municipalidades y los hospitales, junto a los servicios de salud, son las instituciones con mayor incidencia, concentrando un 30% y un 29% del total, respectivamente.
Entre las instituciones con el mayor número de licencias médicas asociadas a ingresos a casinos se destacan la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) con 516 licencias, Fundación Integra (480), el Servicio de Salud de Concepción (332), el Servicio de Salud de O’Higgins (233), la Corporación Nacional del Cobre (211) y el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (182). Además, el informe precisó que 1.486 de los funcionarios identificados ya habían sido detectados previamente por viajar al extranjero mientras estaban con licencia médica.
Acciones de la Contraloría y Derivación de Antecedentes
Frente a la gravedad de los hechos, la CGR ha anunciado que notificará a las instituciones correspondientes para que inicien los procedimientos disciplinarios de rigor. Adicionalmente, toda la información y los documentos de respaldo serán enviados a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), para que realicen las acciones que les competen. El ente contralor también ha derivado los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para que procedan con las acciones judiciales que estimen pertinentes.
SOJ
