Desde el comité político del Ejecutivo salieron al paso del libelo presentado la noche previa por las bancadas de la izquierda y centroizquierda, el cual busca destituir e inhabilitar al ministro de Justicia Fernando Rabat, cuestionando rebajas de condena otorgadas por decreto e interpelaciones ante comisiones legislativas. Antes, en declaraciones de prensa, la vocería de Gobierno ya había calificado el escrito de 189 páginas como «liviano y mal preparado». En una vocería ofrecida en el Palacio de La Moneda, el subsecretario y vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, reiteró que desde la administración del Presidente José Antonio Kast consideran que «el ministro Rabat no cometió ningún hecho ilegal y tampoco inconstitucional».
Enfatizó que, «por el contrario, cumplió con la Constitución y la ley y, por tanto, esa acusación constitucional, a nuestro juicio, no cumple con ninguno de los requisitos necesarios para ser una acusación que se pueda votar a favor». Agregó Arenas que «nosotros estamos conversando con todas las bancadas que apoyan al Gobierno, estamos buscando y explicando por qué esta acusación constitucional es improcedente y no cumple con los requisitos constitucionales; pese a tener que esperar los argumentos en la instancia, estamos convencidos de que se va a rechazar por la falta de mérito que tiene esta acusación».
El libelo opositor
La arremetida parlamentaria contra Rabat ingresó al Congreso tras intensas negociaciones entre bancadas y revisiones legales. El texto sostiene que el titular de Justicia vulneró la Constitución y las leyes en el otorgamiento de beneficios carcelarios y en sus posteriores exposiciones ante el Poder Legislativo. El primer capítulo del documento impugna los beneficios otorgados a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños y adolescentes, alegando que una ley aprobada en 2022 las excluía explícitamente y que el ministro generalizó criterios de fallos judiciales sin órdenes individuales. El segundo capítulo cuestiona rebajas concedidas a ex agentes estatales condenados por crímenes de lesa humanidad que recuperaron la libertad, mientras que el tercer apartado apunta a las explicaciones que entregó ante las comisiones de Constitución del Senado y de la Cámara Baja.
Reacción del Gobierno
La respuesta de La Moneda molestó, como era previsible, a los parlamentarios que firmaron la acusación: desestimaron los cuestionamientos de Arenas y aseguraron que el documento no responde a discrepancias políticas, sino a hechos acreditados en decretos y fallos judiciales. Desde el Frente Amplio (FA), la diputada Emilia Schneider sostuvo que «la acusación constitucional que presentamos ayer, tiene un robusto fundamento».
La diputada frenteamplista Emilia Schneider señaló que «llama la atención la rapidez de la lectura del vocero de Gobierno», advirtiendo que «le parece que esto más bien responde a cuñas que estaban preparadas para intentar desviar el foco de la atención que hoy debe estar puesta: en las víctimas y en los responsables de las decisiones que se tomaron». Su par, el polémico diputado socialista, Daniel Manouchehri, manifestó en tanto que (Arenas) «debe dejar la charlatanería y ponerse serio. Apenas presentamos las 189 páginas de la acusación constitucional en contra de Rabat, él la calificó de liviana. En minutos, ya tenía un veredicto». El trámite continúa su curso el próximo lunes, fecha en que se dará cuenta del ingreso del libelo ante la Sala de la Cámara Baja, sorteándose a los cinco integrantes de la comisión revisora que evacuará el informe de admisibilidad.
