Un complejo entramado de irregularidades, juicios y conflictos políticos ha sacudido a la Municipalidad de Chillán, con el contrato de mantención de áreas verdes con la empresa Parques Johnson como epicentro de la crisis. Un informe de la Contraloría, la creación de una comisión investigadora y la reciente demanda de la empresa marcan una escalada que ha llegado incluso a la suspensión del alcalde Camilo Benavente.
Cronología de un Conflicto: Desde la Contraloría a los Tribunales
El inicio de la crisis se remonta a enero de 2024, cuando la Contraloría Regional de Ñuble emitió un informe final (N° 877/2023) que detallaba graves irregularidades en los pagos a la empresa Parques Johnson, incluyendo servicios mal prestados y multas no cobradas.
A raíz de este informe, en diciembre de 2024, la Contraloría inició un juicio de cuentas por un daño patrimonial estimado en $1.479 millones contra el alcalde Camilo Benavente, el exadministrador municipal Richard Guzmán y otros funcionarios. La situación generó gran molestia en el Concejo Municipal, que exigió investigaciones sumarias.
En respuesta a la presión, se creó la primera Comisión Investigadora en la Municipalidad de Chillán en marzo de 2025. Esta comisión, compuesta por concejales, reveló serias falencias en la administración, tales como:
- Procesos de licitación poco transparentes.
- Contratos con plazos vencidos y pagos sin respaldo.
- Falta de rendición de cuentas.
- Posibles conflictos de interés entre funcionarios y proveedores.
- Gestión deficiente en programas clave.
Adicionalmente, se denunció obstrucción en la entrega de información por parte de directores municipales y del alcalde Benavente. Esta situación se agudizó en abril de 2025, cuando el municipio suspendió de manera inexplicable una sesión de la comisión, lo que fue calificado por concejales como un atentado contra la transparencia del proceso.
Sanción al Alcalde y Demanda de la Empresa
El conflicto alcanzó un punto de inflexión el 24 de abril de 2025, cuando el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) sancionó al alcalde Camilo Benavente con 30 días de suspensión de su cargo y la reducción del 50% de su sueldo, al confirmar diversas irregularidades en su gestión, incluyendo la contratación de familiares, arriendos sin licitación y la falta de fiscalización a Parques Johnson. Aunque se acreditaron faltas, el tribunal descartó su destitución.
El escenario se complicó aún más el 16 de julio de 2025, cuando la empresa Parques Johnson demandó a la Municipalidad de Chillán por el término anticipado del contrato, exigiendo una indemnización. Este nuevo capítulo fue calificado como «grave» por la concejala Carolina Chávez, quien demandó claridad sobre las acciones legales del municipio.
Concejo se Opone a Transacción y Presenta Oficio a Contraloría
Ante la posibilidad de una transacción para resolver la demanda, las voces del concejo han sido contundentes.
- Rodrigo Ramírez: «No se puede ceder ante una empresa que no dio el ancho».
- Carolina Chávez: «Aquí no solo hay negligencia, sino ausencia total de control por parte de la Municipalidad. Exigimos medidas ya».
- Catalina Sandoval: «No apoyaré una transacción porque las irregularidades de la empresa han sido evidentes».
- Yerzon Soto: «Obvio que no quiero que haya transacción alguna, pero como concejal uno debe ser responsable y tener una mirada estratégica».
En esta línea, los 10 concejales de Chillán presentaron un oficio a la Contraloría Regional en junio de 2025, solicitando indagar posibles irregularidades en los contratos municipales, incluyendo la concesión de áreas verdes ya objetada. El documento busca determinar responsabilidades administrativas y legales, y será enviado al Ministerio Público por posible mal uso de fondos públicos.
La situación actual plantea serias dudas sobre la gestión de la Municipalidad de Chillán y su capacidad para resolver los conflictos que se acumulan, mientras la empresa demandante exige una indemnización millonaria.
SOJ
