Los órganos sub nacionales descentralizados del Estado, municipalidades y gobiernos regionales reúnen las condiciones más aptas para gestionar políticas públicas exitosas enfocadas en la promoción del desarrollo de los territorios que atienden, con pertinencia, capacidad para interpretar los problemas colectivos de sus comunidades y articular gobernanzas colaborativas que en línea con las tendencias de la gestión pública logren movilizar capacidades multisectoriales para ofrecer respuestas asertivas a los desafíos de este tiempo.
De ahí que la cumbre de las regiones qué se celebra los próximos días en la capital del centro sur de Chile ofrece una oportunidad para abordar el reto de la modernización del Estado y la gestión pública desde uno de sus pilares fundamentales que es la descentralización y una que no requiere romper con la unidad y estabilidad del Estado, pero que puede fortalecer las capacidades de los municipios y gobiernos regionales otorgándoles mayores niveles de autonomía política administrativa y fiscal, desde el traspaso de competencias, capacidades, recursos y desde luego siempre con los controles democráticos, sociales e institucionales, que aseguren la probidad y el buen uso de los recursos públicos.
Chile es el país mas centralizado de la OCDE con un gasto descentralizado definido por órganos descentralizados que fluctúa entre el 14% y 15% y fracción del presupuesto del Estado año a año, considerando el promedio de gasto fiscal descentralizado de los países OCDE esta en torno al 30%.
La cumbre de las regiones podría plantearse el objetivo de alcanzar el 30% el año 2030.
Cobra singular importancia que el gasto y las políticas de los gobiernos regionales, logren impactar con mayor eficiencia la reducción de brechas de desigualdad arbitrarias, promoviendo una asignación de bienes públicos mas equivalentes territorialmente, desde un enfoque en los factores determinantes de la pobreza multidimensional, especialmente considerando las nuevas formas de medir la pobreza y los indicadores de acceso a infraestructura pública, entorno, conectividad, oportunidades de desarrollo.
En esa dirección la modernización del sistema de inversión público y el paso de los criterios de evaluación de proyectos con base en el número de beneficiarios como indicador de eficiencia, debe pasar a la priorización de proyectos orientados a objetivos de desarrollo que prioricen la pobreza y el acceso a bienes que se conjugan con el reconocimiento de la dignidad humana, la reducción de la pobreza y el reconocimiento de los derechos fundamentales.
Puede ser bastante cuestionable moral y éticamente que el Estado, siga priorizando inversión en infraestructura urbana en grandes asentamientos, mientras siga habiendo comunidades con dificultades de acceso al agua potable o saneamiento sanitario.
Una descentralización política, administrativa y fiscal, diseñada con rigurosidad puede facilitar que el anquilosado y anacrónico Estado, ofrezca respuestas mas eficientes, eficaces y oportunas y que logre una muchísimo mayor eficiencia entendida como la relación entre los costos y el impacto, en materia redistributiva, para lograr que después de impuestos y transferencias el indice GINI logre corroborar una reducción de la desigualdad, considerando el gasto fiscal per cápita de Chile es el más alto de América Latina, pero con un impacto marginal en la reducción de la desigualdad.
Chile solo puede retomar la senda del desarrollo si aborda una nueva agenda de descentralización profunda que logre movilizar todas las capacidades de cada territorio para mejorar la condición de vida de quienes los habitan y el Estado debe asumir enfoques transversales en el diseño de sus políticas orientadas a terminar con las discriminaciones arbitrarias definidas por la comuna, localidad o barrio en que nacemos o escogemos para desarrollar nuestro proyecto de vida y siempre en la protección, promoción y defensa de los derechos fundamentales de las personas.
Augusto Parra Ahumada
