El nombre de Munir Hazbún Rezuc, un influyente empresario de origen palestino con fuertes inversiones en los sectores educativo e inmobiliario, se ha vuelto recurrente en las investigaciones del «Caso Audios», la trama de corrupción que involucra a Luis Hermosilla, Daniel Sauer y Leonarda Villalobos. Una grabación clave, donde se menciona a Hazbún como propietario oculto de empresas investigadas por facturas falsas, lo ha puesto bajo la lupa de la Fiscalía.
La revelación de Daniel Sauer en el audio, donde afirma que las sociedades Pictor y Canopus son «de Munir, pero no aparece Munir de dueño», y que estas eran usadas para generar facturas irregulares, ha destapado una profunda conexión del empresario con los protagonistas de un escándalo que hoy tiene a Sauer y Villalobos en prisión preventiva.
Vínculos con Empresas y Entidades Educativas en Quiebra
La relación de Munir Hazbún con la familia Sauer es de larga data y va más allá de los negocios cuestionables. Su padre, Juan Hazbún Readi, fue el creador del prestigioso barrio Vilumanque en Concepción, donde la fundación del Colegio Wessex –impulsado por Terrence Martin y Alberto Sauer, padre de Daniel y Ariel Sauer– fue clave para el desarrollo del sector. Este lazo se extiende al ámbito financiero, ya que Daniel Sauer mencionó en el famoso audio que Munir le adeudaba 500 millones. “Me debe plata a mí, esa es la línea. Munir me debe 500 palos (millones), no es tanto, no me debe más, porque me ha ido pagando”,
Además, Munir Hazbún está ligado a la cuestionada constructora Hazbún Rezuc, lo que añade un capítulo más a su historial empresarial. El empresario también fue director de la Universidad Bolivariana semanas antes de que Leonarda Villalobos, una de las figuras clave del «Caso Audios», terminara sus estudios de Derecho en esa casa de estudios, donde cursó becada.
Actualmente, Munir Hazbún es miembro del directorio de la Universidad de Aconcagua, institución donde también participó Alberto Sauer. Además, la familia Hazbún es socia del Instituto Profesional Valle Central (IPVC) y el Centro de Formación Técnica y Capacitación Barros Arana. Sin embargo, su rol en la Universidad de Aconcagua ha sido objeto de controversia: la Superintendencia de Educación Superior descubrió que la institución arrendó propiedades de Inversiones Punta del Sur S.A., de la cual Hazbún era el principal accionista, incurriendo en una infracción a la norma.
Demandas, Espionaje y Reorganización Judicial
La vida personal y empresarial de Hazbún también ha estado marcada por conflictos. A fines de 2023, su expareja y aún esposa, María Alejandra Muñoz Boudeguer, lo demandó por falsificación de instrumento privado en relación con millonarios préstamos donde ella figuraba como aval y codeudora, aunque posteriormente llegaron a un acuerdo. Previamente, en 2022, Muñoz ya lo había acusado de instalar dispositivos de geolocalización y escucha en su vehículo, además de hackear sus dispositivos móviles y redes sociales.
A estos problemas se suma que Inmobiliaria Santa Martina, propiedad de Hazbún –conocida por su club de golf en Lo Barnechea–, se acogió a reorganización judicial en mayo, acorralada por una deuda de más de $47 mil millones con acreedores, siendo el Banco Internacional su principal acreedor con el 84% de los pasivos. Hazbún atribuye la crisis a la estallido social de 2019 y la pandemia, que desarmaron su plan de negocios.
El Nexo con Natalia Compagnon y Luis Hermosilla: La Trama del Poder
Uno de los hilos más complejos de esta red lo teje la relación de Munir Hazbún con Natalia Compagnon, su actual pareja y ex de Sebastián Dávalos (hijo de la expresidenta Michelle Bachelet), protagonista del mediático Caso Caval. Esta conexión lo vincula directamente con Luis Hermosilla, quien representó a Gonzalo Vial Concha –querellante contra Compagnon en Caval y exdueño de la Universidad de Aconcagua– en sus negocios.
Hermosilla, abogado de Vial y, en un punto, también de Hazbún, realizó gestiones para que Vial retirara la querella contra Compagnon y Mauricio Valero en la arista Caval, lo que fue justificado como resultado de «negociaciones privadas». Este movimiento generó tensión, incluso llevando a Hermosilla a contactar a Ana Lya Uriarte (exjefa de gabinete de Bachelet) para «solucionar» el intento de Dávalos de frenar estos acuerdos. Dávalos ha acusado a Hermosilla de «inventar un caso donde no lo había» en Caval.
El vínculo entre Hazbún, Villalobos y Hermosilla se profundiza aún más: Villalobos estudió becada en la Universidad Bolivariana poco antes de que Hazbún dejara su dirección, y posteriormente fue confirmada como defensora tributaria de los Sauer y los Hazbún, además de asesora de Compagnon.
Finalmente, el testimonio de Villalobos en el «Caso Audios» reveló que Hermosilla le pidió mediar para que Hazbún le pagara honorarios adeudados, los cuales, según ella, estaban relacionados con la adjudicación de una licitación de Enel a la empresa Syner. En ese momento, el presidente de Enel era Hermann Chadwick, hermano del exministro del Interior Andrés Chadwick, quien también está siendo investigado por sus nexos con Hermosilla. Syner se adjudicó este contrato en 2022, y Hermosilla habría recibido cerca de $25 millones por estas gestiones y posiblemente por su defensa a Hazbún en causas contra su expareja.
Defensa de Hazbún
En una declaración que añade una nueva y compleja capa al mediático Caso Factop, el empresario Munir Hazbún Rezuc compareció por tercera vez ante la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. En calidad de imputado por el presunto delito de soborno, Hazbún, acompañado por sus abogados Ítalo León y el exfiscal Luis Inostroza, negó categóricamente haber realizado pagos indebidos a Leonarda Villalobos para influir en funcionarios de la Tesorería General de la República (TGR).
La diligencia, que tuvo lugar el pasado 28 de abril, enfrentó a Hazbún con el fiscal Miguel Ángel Orellana y su equipo, integrado por la abogada asistente Paula Rubilar, el subprefecto de la Bridec, Aníbal Arce, y el carabinero del OS7, Cristóbal Zamora.
En su detallado testimonio, Hazbún se desmarcó de cualquier actividad ilícita relacionada con sobornos a funcionarios públicos. Un punto central de su defensa fue el cuestionamiento a la interpretación de los mensajes extraídos del celular de Leonarda Villalobos. El empresario argumentó que gran parte de esa comunicación se dio en medio de un «proceso personal traumático»: su separación matrimonial.
Según Hazbún, este difícil momento afectó gravemente su salud física y emocional, una vulnerabilidad que —asegura— fue «aprovechada» por quien entonces era su abogada, Leonarda Villalobos. «Mi condición de salud fue aprovechada por doña Leonarda para gestionar prácticamente todos los aspectos de mi vida, incluidos mis negocios», sostuvo Hazbún ante la Fiscalía, pintando un cuadro donde Villalobos habría excedido su rol de representante legal.
Acusaciones de Engaño y Abuso de Confianza
El empresario ahondó en que Villalobos habría pasado de ser su asesora legal a una especie de «administradora de su vida» y «asesora empresarial». En este rol, Hazbún afirmó que Villalobos habría supuestamente inventado una serie de gestiones y diligencias ante diversas instituciones públicas, como la Tesorería General de la República y el Servicio de Impuestos Internos (SII). El objetivo de estas «gestiones ficticias» habría sido, según Hazbún, obtener beneficios económicos a través del engaño.
«Hoy he sabido que muchas de las supuestas gestiones realizadas en mi representación las hizo bajo engaño, con la finalidad de obtener un beneficio económico de mi parte», expresó Munir Hazbún, sugiriendo un esquema de defraudación donde él habría sido la víctima de una manipulación por parte de Villalobos.
La compleja red de negocios, influencias y problemas judiciales en torno a Munir Hazbún lo posiciona como una figura clave en las investigaciones que sacuden el panorama judicial y empresarial chileno.
SOJ
