Una trama oculta de «guerra» interna ha salido a la luz en el Ejército de Chile, revelando una cruda batalla judicial entre la institución castrense y el hijo de un excomandante en jefe. El ex teniente coronel Fernando Fuente-Alba Pinochet, abogado e hijo del absuelto general Juan Miguel Fuente-Alba, denuncia haber sido víctima de «represalias» y acoso, lo que culminó en su expulsión de la institución sin derecho a pensión, tras haber osado denunciar supuestos actos de corrupción.
«Antes habría sido impensado que se le hiciera algo así al hijo de un excomandante en jefe», comenta un conocedor del entramado, reflejando el quiebre de antiguas dinámicas internas. «Esto es el fin de lo que algunos llaman ‘la familia militar'», añade la misma fuente, sugiriendo una profunda fisura en la estructura castrense.
Desde hace meses, Fernando Fuente-Alba, quien dedicó 18 años de su vida al servicio militar, ha interpuesto una serie de recursos de protección contra el Ministerio de Defensa y superiores del Ejército. Su objetivo: dejar sin efecto una baja que, según él, lo ha marginado injustamente y lo priva de la pensión a la que tienen derecho los militares que pasan a retiro.
En una de las acciones constitucionales, el hijo del general (quien fue formalizado y absuelto por lavado de activos) detalla su intachable carrera y cómo esta se vio truncada al negarse a supuestas peticiones para falsificar información ante Contraloría. Una actitud que, según su denuncia, le costó su trayectoria militar.
El Origen de la Batalla: Falsificación de Información y Represalias
Para esta compleja «batalla» legal, Fuente-Alba ha fichado a una figura icónica en la denuncia de corrupción castrense: el excapitán del Ejército, ahora abogado, Rafael Harvey.
Harvey relata los hechos cruciales: «Tras ir ascendiendo durante su carrera militar, a principios del año en curso fue promovido al grado jerárquico de teniente coronel y durante toda su carrera mantuvo un intachable desempeño profesional, al punto de obtener la primera antigüedad de su generación, en el curso de oficiales de los servicios profesionales».
Sin embargo, este impecable récord se habría visto drásticamente alterado cuando sus superiores jerárquicos «le ordenaron a mi representado que elaborara un oficio de respuesta frente una auditoría de la Contraloría General de la República, referida a diversas irregularidades en cuantiosas licitaciones que se habían materializado durante el año 2022, esto es, en una época en que mi representado no pertenecía a esa repartición militar». La clave de la denuncia radica en que «las precitadas autoridades divisionarias le ordenaron a mi representado que incluyera información mendaz en el oficio de respuesta que sería remitido al citado organismo contralor, a lo cual mi representado se negó».
Tras este episodio, Fuente-Alba elevó una denuncia de los hechos directamente a la ministra en visita Ana María Osorio, quien, en respuesta, abrió una investigación penal por presuntos actos de corrupción en la división a la que pertenecía el teniente coronel.
Hostigamiento, Salud Mental y la Baja Cuestionada
La negativa de Fuente-Alba a falsificar información habría desatado una ola de hostigamientos. «Con motivo de su negativa a incluir información falsa en el mentado oficio de respuesta, las precitadas autoridades divisionarias comenzaron a ejercer diversos actos de acoso laboral y discriminación arbitraria en contra de mi representado, por lo cual este último obviamente comenzó a padecer aflicciones emocionales», se detalla en el escrito. Esto lo llevó a buscar asistencia clínica de salud mental el 8 de agosto de 2023, siendo diagnosticado con «trastornos del sueño y de estrés postraumático por hostigamiento laboral», lo que derivó en una licencia médica de reposo mental absoluto y tratamiento farmacológico y psicoterapias.
Paradójicamente, una vez presentadas estas licencias, Fuente-Alba se habría convertido en blanco de nuevas presiones. Se alega que se habría presionado a la comisión de sanidad para declararlo «no apto» para continuar en servicio activo, utilizando su salud mental como causal.
El recurso de protección argumenta que «encontrándose aún en plena tramitación los sumarios administrativos por faltas a la probidad denunciadas por esta parte, acoso laboral y origen de la enfermedad de salud mental que había aquejado a mi representado, el Ejército solicitó al Ministerio de Defensa Nacional que se dispusiera el retiro temporal de mi representado, porque supuestamente permanecía aquejado por una enfermedad de salud mental de tipo curable, pero omitiendo la citada entidad castrense que mi representado ya había sido dado de alta clínica, sin secuelas ni alteraciones de ningún tipo».
Denuncia de «Redes de Corrupción» y Mensaje Intimidatorio
Fernando Fuente-Alba exige que se deje sin efecto su baja, no solo para acceder a la pensión que considera justa, sino para exponer lo que describe como un patrón de represalias. En la batería de recursos presentados, el abogado asegura que su situación es una consecuencia directa de su denuncia de corrupción y de su negativa a colaborar en la falsificación de información.
El escrito se adentra en una acusación grave y frontal contra la institución: «Como es sabido, el Ejército de Chile es la entidad estatal que en nuestro país lidera con creces el historial de violaciones a los derechos humanos y hechos de corrupción, comportándose muchos de sus integrantes como una especie de asociación ilícita castrense y existiendo redes de corrupción y redes de protección a la corrupción». Agrega que el Ejército se destaca «entre las demás instituciones públicas del país por ser la unidad estratégica nacional donde todos quienes nos hemos atrevido a cumplir nuestro deber moral, ético y legal de denunciar hechos de corrupción ocurridos al interior de aquella entidad pública, inmediatamente somos víctimas de diversas represalias».
Finalmente, Fuente-Alba sugiere que el objetivo de estas acciones es claro: «anularnos y despojarnos de nuestros empleos públicos, a fin no solo de apartarnos de nuestra fuente de ingresos e impedirnos acceder a información que pueda comprometer a los corruptos, sino también enviar un mensaje subliminal intimidante a cualquier otro integrante del propio Ejército de Chile que se encuentre en la disyuntiva de cumplir su obligación de denuncia, para así coaccionarlos y disuadirlos o impedirles que formulen denuncias”.
Este caso, que enfrenta a un hijo de una figura emblemática del Ejército con la propia institución, promete destapar un debate profundo sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la cultura interna en las Fuerzas Armadas chilenas.
SOJ
