Una compleja disputa legal ha estallado en el ámbito de la salud privada, donde la red de clínicas regionales Andes Salud, accionista minoritaria de Clínica Isamédica de Rancagua, ha presentado una querella por administración desleal contra cuatro de los directores del centro médico. La demanda, valorada en una suma que podría ascender a $371.799.628 millones de pesos, acusa a la directiva de haber concedido beneficios «excesivos y sin justificación alguna» al gerente general de la clínica, en un movimiento que habría generado una significativa pérdida patrimonial.
A la acción penal de las últimas horas, le precedió una demanda de carácter civil, la cual fue interpuesta hace cerca de un mes ante el 1º Juzgado Civil de Rancagua por Gonzalo Grebe, miembro del directorio de Isamédica y representante del grupo Andes Salud. En el libelo de 33 páginas, Grebe apunta directamente a los directores Héctor Saldaña Tobar, Enzo General Burgos, Raúl Benavente Valenzuela y Fernando Soto Pinto, acusándolos de incumplir sus obligaciones legales y deberes fiduciarios, al concretar una decisión contraria al interés social de la empresa.
El Contrato Bajo la Lupa
El epicentro de la controversia es una modificación al contrato de trabajo del gerente general de Isamédica. Según la demanda, esta enmienda le habría conferido «beneficios económicos más allá de lo razonable y sin una razón de negocio, en detrimento del patrimonio social».
Entre las cláusulas más cuestionadas se encuentra la concesión de una indemnización por años de servicio «sin límite de años y de montos», aplicable ante cualquier evento. A esto se suma un premio del 10% adicional del monto si el contrato termina por cualquier causa y en cualquier momento, salvo renuncia voluntaria dentro de los primeros cinco años.
La magnitud del impacto financiero se detalla en el documento legal: la sociedad se habría visto obligada a «provisionar» al menos $286.787.592 por concepto de esta indemnización, una cifra que, según la demanda, crecerá año a año. A esto se sumarían otros $28.678.759 por el premio del 10%, proyectándose que el monto total podría alcanzar, o incluso superar, los $371.799.628.
Lo más sorprendente del contrato, según el demandante, es que los beneficios de la indemnización se mantienen incluso si el gerente general incurre en causales del Artículo 160 del Código del Trabajo, que incluyen faltas graves como acoso sexual, acoso laboral, falta de probidad e injurias. La demanda también señala que el pago de la indemnización se extendería incluso a los herederos en caso de fallecimiento del ejecutivo.
El libelo judicial acusa que «resulta del todo irregular que cuatro directores que además se vinculan contractualmente con el Gerente General, decidan, en representación de Isamédica, ‘premiar’ su labor ‘regalándole’ aproximadamente $315.466.351 con fondos de la Sociedad». Grebe argumenta que los demandados no están facultados para disponer de dineros sociales para causas que no se relacionen directamente con el interés de la empresa, sino que esto «mira sólo al interés único, propio, exclusivo, excluyente y directo del Gerente General, quien, como se ha señalado, ya ha pasado la edad de jubilación”.
El directorio de la Clínica Isamédica está compuesto por siete integrantes: Dr. Francisco Saldaña, Dr. Fernando Soto, Dr. Fuad Hamed, Dr. Enzo General, Sr. Raúl Benavente, Sr. Eduardo Serradilla y el demandante Sr. Gonzalo Grebe.
Por su parte, Clínica Isamédica emitió un comunicado oficial defendiendo las decisiones del directorio. La clínica afirmó que «siempre y sin excepción, han sido preocupación y orientación fundamental en todas las decisiones tomadas por el Directorio el respeto por las relaciones laborales y clima laboral de Clínica Isamédica, la salud de nuestros pacientes otorgando prestaciones de alta calidad a todos quienes nos prefieren, y el resguardo de los intereses de nuestros accionistas para que reciban la justa retribución a lo invertido en la empresa».
En ese marco, justificaron las decisiones relativas al Gerente General como «tomadas por acuerdo mayoritario del Directorio», enmarcadas en estas líneas fundamentales y «proporcionadas al tamaño de la institución, que ha alcanzado una posición de vanguardia en la medicina Regional». Finalmente, la clínica aseveró que las medidas se justifican porque les interesa «retener un ejecutivo de alto nivel y que requerimos para liderar muchos proyectos y grandes inversiones en el futuro próximo», mostrando confianza en que la demanda «sin duda será resuelta a nuestro favor» y que continuarán «trabajando por hacer aún más grande nuestra Clínica».
La batalla legal promete ser un complejo entramado de intereses y responsabilidades, con implicaciones significativas para la gobernanza corporativa en el sector de la salud.
SOJ
