A solo dos semanas de las elecciones Primarias del 29 de junio de 2025, una controversia constitucional resuena con fuerza en Chile. El sistema electoral, diseñado para un acto voluntario de los votantes, impone una carga obligatoria a más de 200 mil vocales de mesa. Este escenario plantea una pregunta fundamental: ¿es legítimo que el Estado destine recursos y obligue a ciudadanos a participar en un proceso que, en esencia, busca resolver un asunto interno de partidos políticos?
El costo de esta jornada es considerable. Se desembolsarán 7.847 millones de pesos solo en el pago a los 200.070 vocales de mesa, cada uno recibiendo el equivalente a una Unidad de Fomento (UF), valorada en $39.225,25 al 14 de junio de 2025. Este monto $7mil 847 millones, exactamente. podría financiar la construcción de 8,71 escuelas de tamaño normal de 1.500 metros cuadrados cada una.
A ello se suman los gastos en publicidad en medios de comunicación nacionales y las remuneraciones de 4.900 miembros del colegio escrutador y otros insumos.
La paradoja es evidente: estos recursos, provenientes de los impuestos de todos los chilenos, financian un proceso PRIVADO que beneficia a un grupo específico de ocho partidos políticos (Socialista de Chile, Por la Democracia, Radical, Frente Amplio, Liberal, Federación Regionalista Verde Social, Comunista y Acción Humanista) que respaldan a cuatro candidatos específicos (Carolina Tohá, Jeannette Jara, Gonzalo Winter y Jaime Mulet).
Existe otro elemento en este tema, que es necesario tomarlo en absoluta consideración y que dado carácter voluntario de la votacipon convocada para dos domingos más, la participación podría ser baja o muy baja, poniendo en entredicho la «rentabilidad social» de una inversión pública tan significativa como onerosa en un evento privado
Una Contradicción Constitucional
El abogado constitucionalista y profesor emérito de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Fernando Saenger Gianoni, ha puesto el dedo en la llaga, advirtiendo sobre un posible «gravísimo atentado a los derechos humanos».
Saenger Gianoni subraya una distinción crucial: si bien en las elecciones generales el sufragio es obligatorio y la carga de ser vocal de mesa se justifica, las primarias son un acto de participación voluntaria. La Ley Orgánica Constitucional de Primarias permite a los partidos nominar candidatos, y el Servicio Electoral (SERVEL) gestiona íntegramente el proceso. Sin embargo, «en las votaciones y plebiscitos generales todos los ciudadanos están obligados a concurrir como vocales de mesa, enfrentando multas graves por no comparecer, incluidas figuras delictivas», explica el profesor, enfatizando que esto aplica a «elecciones generales y no de voluntarias como son las primarias». La retribución económica, aclara, «en nada afecta la obligatoriedad» impuesta.
Cargas Públicas vs. Derechos Fundamentales: ¿Dónde está el Límite?
El análisis del profesor Saenger ahonda en la Constitución Política (CP), específicamente en el artículo 19 N° 20, que garantiza la «igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley Y LA IGUAL REPARTICION DE LAS DEMAS CARGAS PÚBLICAS». Es «evidente», afirma, que ser vocal de mesa es una carga pública.
No obstante, la imposición de la presencia física en un acto electoral intrínsecamente voluntario, como las primarias, colisiona con el artículo 19 N° 26 de la Constitución Política. Este artículo protege los derechos fundamentales, asegurando que las leyes no podrán «afectar los derechos en su esencia ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio». Para Saenger, esta situación es un «grave atentado a los derechos humanos más sagrados, como es la libertad y la disposición de lo que uno quiera hacer consigo mismo» (art. 19 N° 7 CP, que consagra la libertad personal y la seguridad individual).
¿Esclavitud Moderna? La Fuerte Advertencia de Saenger
El profesor concluye su argumentación con una fuerte y provocadora advertencia. Citando el artículo 22 de la CP, que establece que «el servicio militar y las demás cargas personales que imponga la ley son obligatorios en los términos y la forma que ésta determine», Saenger Gianoni sostiene que no se justifica esta obligatoriedad para los vocales en las inminentes primarias. «El obligar a las personas a prestar un servicio para una elección primaria que es esencialmente voluntaria, constituye un gravísimo atentado a los derechos humanos, tales como la igualdad ante la ley, la libertad personal, la seguridad individual y a las cargas públicas», sentencia el experto constitucionalista.
La raíz del problema, según su visión, radica en que «las cargas son públicas y no pueden ser manejadas por actividades privadas como son los partidos políticos para un acto voluntario que debería ser manejado, financiado, preparado, resuelto, analizado y decidido internamente como lo hacen las corporaciones privadas, los clubes deportivos, los centros sociales y otros».
Fernando Saenger es lapidario al afirmar que «esta ley que permite esta obligación, es sin duda, en abstracto, inconstitucional y de seguirse así, estamos esclavizando a la gente a prestar servicios al Estado y (partidos políticos) al igual que los tiempos griegos y desconociendo lo que el art. 1 de la Constitución Política establece, en el sentido de que el Estado está al servicio de la persona humana y no al revés».
La profunda reflexión del profesor Saenger Gianoni abre un importante debate sobre los límites de la intervención estatal en los procesos partidistas y la protección de los derechos individuales en el contexto de las obligaciones cívicas, justo cuando Chile se prepara para una nueva jornada de primarias.
Acto de Transparencia
Para los defensores del proceso que se ejecutará en dos domingos más, este es un acto que permite la transparencia y la participación ciudadana en las grandes decisiones electorales del país. Así opina el prestigioso abogado, Guillermo Rioseco: «Desde su implementación en 2012, las primarias legales en Chile representaron un intento por mejorar la selección de candidatos partidarios para cargos de elección popular. Aunque no han sido un éxito rotundo, se consideran un avance modesto para democratizar, legitimar y transparentar un proceso que históricamente fue opaco. La idea era que la «cocina tuviera más luz y con ventanales amplios, para que la ciudadanía pudiera observar mejor cómo se preparaban los platos y cómo se comportaban los cocineros».
En su análisis, el profesional agrega que «a pesar de que los avances han sido modestos, el hecho de que el Servicio Electoral (SERVEL), un organismo estatal, organice estas primarias, aporta garantías de corrección y transparencia. Este rol del Estado implica un gasto público, que puede verse como una «inversión en democracia». Esta práctica de financiamiento estatal difiere de otros modelos, como el de Francia, donde el financiamiento recae en los partidos políticos, o el de Estados Unidos, donde existe financiamiento fiscal.
Rioseco agrega que no obstante lo anterior, «surge la pregunta sobre el equilibrio ideal. Es necesario que existan incentivos públicos o subsidios que sean razonables y eficientes, pero que no conduzcan a que los partidos caigan en una «zona de confort». Esto podría llevarlos a hacer esfuerzos mínimos para convocar a una mayor participación ciudadana en sus actividades partidarias. A pesar del desprestigio que a veces enfrentan los partidos, siguen siendo un componente fundamental de un sistema democrático».
Aunque aún es pronto para evaluar los resultados definitivos, el destacado profesional sostiene que cree «en que mientras las «cocinas tengan más luz y grandes ventanas», la «alimentación que se ofrecerá a los votantes será mejor», lo que, sin duda, se traducirá en mejores índices de salud democrática».
Revisión del sistema
Ante ambas posturas se levanta una propuesta en términos de analizar el proceso que existe hoy. El director regional de «Idea País» Biobío, Kevin Canales, líder de la organización no gubernamental y muy activa en observar los procesos sociales en Chile, sostiene que «es momento de repensar las primarias legales como las conocemos. ¿Realmente fortalece nuestra democracia que sea el Estado quien las organice y financie? Si hay disputas internas en una coalición, deberían ser los propios partidos quienes definan sus mecanismos de resolución, por ejemplo, a través de primarias no convencionales. Hoy, las primarias legales implican costos altísimos para toda la sociedad: se requieren miles de vocales de mesa, personal de apoyo, se reembolsan gastos de campaña, se decreta feriado legal -afectando el comercio y el transporte-, se suspenden clases en colegios, entre otros impactos. El caso de las primarias municipales del Partido Social Cristiano en 2024 es un ejemplo elocuente: altísimo costo, bajísima participación. Hay que darle una mirada más profunda al mecanismo de primarias legales y ver si efectivamente ha logrado sus objetivos»
La financiación estatal de las primarias en Chile no es una excepción, sino que está contemplada y regulada por la ley, es cierto. También es verdad que el proceso llama a la participación ciudadana. Pero el Estado no está concebido para destinar recursos en iniciativas privadas aunque el sistema actual tenga su génesis en una ley. Los actos privados tienen que ser financiados con recursos privados y no del erario nacional.
SOJ
