Un informe de la Contraloría General de la República, dado a conocer este viernes, revela serias deficiencias en la gestión financiera y administrativa de la Universidad del Bío-Bío (UBB) durante el periodo 2020-2023. A raíz de estas anomalías, el organismo contralor ha ordenado la instrucción de un sumario administrativo interno en la casa de estudios y ha solicitado la intervención de la Superintendencia de Educación para realizar fiscalizaciones adicionales.
El Informe N° 714/24 detalla varios hallazgos preocupantes. Uno de los más relevantes es una deuda de $6.883 millones por anticipos solicitados al Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU). Estos fondos, destinados a un propósito específico, fueron depositados indebidamente en cuentas de «Sueldos». Además, la UBB no transfirió al mismo FSCU $191 millones recaudados de exalumnos en 2023, lo que constituye una grave omisión contable. La Contraloría ha instruido a la universidad a regularizar esta situación en un plazo de 90 días y a reportar su avance.
Desvío de Fondos y Compras Irregulares
La auditoría también constató que la universidad realizó tres transferencias de $3.000 millones cada una desde cuentas de proyectos de fortalecimiento universitario hacia la cuenta de sueldos. Esta práctica no solo vulnera los convenios de ejecución de esos fondos, sino que ya había sido observada y advertida por la Contraloría en informes anteriores (N° 216 de 2022 y N° 131 de 2023), sin que la UBB tomara las medidas correctivas correspondientes.
Otra irregularidad detectada es que durante 2023, la UBB efectuó compras por $33 millones fuera del portal Mercado Público, sin la justificación documentada requerida, infringiendo así la Ley de Compras Públicas.
Cuestionamientos a la Probidad: Eventuales Conflictos de Interés en Contrataciones
El informe de Contraloría también pone el foco en potenciales conflictos de interés en las contrataciones de la universidad. La auditoría señala que la UBB contrató a empresas cuyos socios tienen vínculos de parentesco con directivos. Incluso, se identificó un caso en el que un directivo figura como socio de la empresa contratada.
Adicionalmente, se detectó la contratación de una persona que es supervisada por un directivo con quien comparte sociedad en una empresa inmobiliaria. Estas acciones, según la Contraloría, infringen el principio de probidad establecido en la Ley N° 18.575 y exigen medidas institucionales y posibles sanciones disciplinarias.
Se verificó también la contratación de nueve personas a honorarios que poseen lazos familiares con directivos de la UBB. Aunque estos servidores presentaron declaraciones juradas indicando no estar afectos a inhabilidades o incompatibilidades, la autoridad deberá, en lo sucesivo, observar estrictamente la normativa.
La UBB, en su respuesta oficial, ha señalado la posibilidad de realizar un sumario administrativo. La Contraloría Regional ha confirmado que este sumario es mandatorio y ha solicitado a la universidad remitir el acto administrativo que lo disponga en un plazo de 15 días hábiles desde la recepción del informe. Además, los antecedentes de este caso serán remitidos al Ministerio Público para las acciones que correspondan.
SOJ
