Un requerimiento presentado ante la Contraloría Regional acusa al Gobierno Regional del Biobío de un presunto uso irregular de $12.300 millones provenientes del royalty minero. La denuncia, liderada por el Consejero Regional Marcelo Rivera Arancibia, apunta a la falta de legalidad en reasignaciones presupuestarias, la ausencia de propuestas para el desarrollo regional y una gestión que califica de sectaria y desconectada de las prioridades ciudadanas.
El Consejero Rivera Arancibia formalizó hoy su requerimiento de legalidad ante la Contraloría Regional del Biobío respecto a dos modificaciones presupuestarias que suman $12.300 millones. Estos fondos, correspondientes al Fondo Regional para la Productividad (royalty minero), habrían sido reasignados a proyectos que, según la denuncia, no cumplen con los requisitos legales establecidos para su uso.
“Aquí no solo hay un problema técnico o administrativo: hay una desviación preocupante del propósito de estos recursos, afectando directamente a proyectos claves en salud, deportes y áreas verdes que benefician a la ciudadanía”, afirmó Rivera.
Un Gobierno Regional Sin Rumbo y Desconectado
A seis meses del inicio de la actual administración regional, liderada por el GORE en conjunto con la derecha política, el Consejero Rivera advierte una preocupante falta de proyectos de desarrollo y propuestas concretas para abordar los desafíos urgentes de la región. “En lugar de una hoja de ruta clara para el progreso regional, lo que vemos son errores, improvisación y un discurso anclado en el pasado”, declaró.
Asimismo, Rivera acusó una total desconexión del Gobierno Regional con las prioridades ciudadanas, como la seguridad, el desempleo y el fortalecimiento del sistema de salud. “No hay propuestas, no hay liderazgo, no hay visión”.
“El sectarismo y la soberbia han demostrado ser pésimos consejeros para liderar el Gobierno Regional. Exigimos legalidad, transparencia y que se construya un modelo de gestión con visión y responsabilidad”.
Exclusión, Sectarismo y Falta de Transparencia
El Consejero denunció que, a pesar de haber expresado reiteradamente sus críticas y propuestas en el marco institucional del Consejo Regional (CORE), el equipo del GORE ha respondido con sectarismo, soberbia y exclusión, ignorando la voluntad de colaboración de la minoría política.
Rivera fue el único consejero que se abstuvo en la votación de las modificaciones presupuestarias cuestionadas, precisamente por advertir su base ilegal. “Estas decisiones no solo son erradas, sino que inducen al error a un CORE en formación, que confía en la legalidad de los antecedentes que se le presentan”.
Situación Más Grave que el «Caso Convenios»
El monto involucrado en esta denuncia, $12.300 millones, supera incluso la cifra del escándalo de los convenios en la región, lo que subraya la gravedad del caso. Rivera hizo un llamado urgente a la Contraloría para que aclare esta situación y establezca un precedente, impidiendo que se repitan maniobras presupuestarias donde se ocultan los proyectos perjudicados y beneficiados, como habría sucedido con el caso del mercado de Concepción.
SOJ
