La Fiscalía Nacional de Chile vislumbra un complejo pero esperanzador escenario en su relación con el Ministerio Público de Venezuela. Este vuelco ocurre tras el paulatino desmantelamiento del régimen chavista, un proceso acelerado luego de que Estados Unidos capturara en enero al mandatario Nicolás Maduro —hoy recluido en Nueva York—, lo que debilitó el poder de su círculo cercano bajo la administración de Delcy Rodríguez.

El cambio clave a nivel judicial se concretó en febrero con la salida del fiscal general venezolano Tarek William Saab, quien ocupaba el cargo desde 2017. Su sucesor, Larry Devoe, lidera hoy una etapa de reestructuración institucional.

El fin de la era Saab y la tensión por el caso Ojeda

Durante su gestión, Saab mantuvo una postura de extrema beligerancia hacia el Ministerio Público chileno y el ex Presidente Gabriel Boric, gatillada por la investigación del secuestro y homicidio del teniente (r) Ronald Ojeda, crimen que la fiscalía chilena atribuye a móviles políticos vinculados al régimen de Maduro.

En marzo de 2025, Saab arremetió con dureza contra las acciones del Estado chileno ante la Corte Penal Internacional (CPI):

«No conozco un antecedente en el hemisferio occidental de una investigación más pirata, más mediocre, más ridícula, más llena de vacíos legales e incongruencias (…). Pasa de manera infame a la historia de lo que no debe hacerse en derecho», afirmó entonces desde Caracas, llegando a acusar a Boric de «orquestar» la trama.

Diplomacia judicial: Cooperación en tiempos de ruptura

Pese al quiebre de relaciones diplomáticas y el antagonismo político entre Santiago y Caracas, el vínculo técnico entre ambas fiscalías nunca llegó a cortarse de forma definitiva.

Juan Pablo Glasinovic, director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX) de la Fiscalía Nacional chilena, matiza el impacto de la retórica de Saab y destaca que las relaciones con sus pares de la región son tradicionalmente buenas, aunque marcadas por «asimetrías institucionales». Mientras que con países como Brasil, Colombia o Perú el flujo es dinámico, con otras naciones los tiempos se dilatan debido a dotaciones más precarias.

Respecto a Venezuela, Glasinovic sugiere separar el ruido político del trabajo operativo:

• El factor político vs. el técnico: «El exfiscal general hacía declaraciones porque estaba muy comprometido con el régimen de Maduro, pero nosotros nunca paramos. Hubo más incertidumbre y demoras, pero la cooperación práctica en terreno continuó».
• El efecto del cambio de mando: «Con la salida de este fiscal y la renovación de muchas jefaturas, se comenzó a retomar la entrega de respuestas tras un estancamiento de varios meses. Se nota un aire nuevo y buena voluntad, aunque no podamos proyectar el futuro».

Intercambio de información y el nudo ciego de las extradiciones

El núcleo del trabajo conjunto actual se centra en corroborar identidades y revisar antecedentes penales de ciudadanos venezolanos imputados por delitos en Chile. Tras un vacío de casi cinco meses de silencio administrativo coincidente con el ocaso de Saab, el flujo de datos comenzó a reactivarse.

Sin embargo, el mayor obstáculo actual no es institucional, sino constitucional y diplomático:

• Restricción constitucional: La carta fundamental de Venezuela prohíbe explícitamente la extradición de sus connacionales.
• Bloqueo diplomático: Actualmente existen cerca de cuatro solicitudes de extradición desde Chile que no han podido ser enviadas formalmente debido a la falta de canales diplomáticos. Una situación espejo afecta a un par de requerimientos que Caracas busca notificar a las autoridades chilenas.
  
  
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