La polémica por el uso indebido de licencias médicas en el sector público chileno ha escalado esta semana tras la revelación de la Contraloría General de la República (CGR). La entidad fiscalizadora descubrió que, entre 2023 y 2024, 25.078 funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica. De las 35.585 licencias emitidas a este grupo, el 69% correspondía a Fonasa y el 31% a Isapres.
Con este explosivo telón de fondo, el centro de estudios Horizontal, vinculado a Evópoli, ha lanzado un documento con propuestas urgentes para reformar el sistema de licencias médicas en el sector público. Según el análisis de Horizontal, este grupo de trabajadores presenta «un patrón sistemáticamente más intensivo en el uso de licencias médicas», lo que atribuyen a «falencias en los controles internos de los servicios públicos, deficiencias en los mecanismos de validación clínica y administrativas, así como la ausencia de sistemas integrados de monitoreo».
El informe, elaborado por la economista e investigadora Soledad Hormazábal junto a Carolina Velasco, destaca que el sistema de licencias médicas y el Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL) en Chile ha experimentado un aumento significativo en su uso y costos, generando crecientes desafíos de sostenibilidad. La situación es especialmente crítica en el Estado, donde los funcionarios públicos exhiben una tasa de utilización de licencias médicas notablemente superior: 3,3 licencias autorizadas por trabajador en 2022, frente a 1,2 en el sector privado y 1,1 entre trabajadores independientes (OCEC, 2023).
De hecho, Horizontal estima que el gasto total en SIL que Fonasa (es decir, el Estado) destinó únicamente a funcionarios del sector público ascendió a US$1.543 millones en 2023. De este monto, un 52,1% se dirigió a funcionarios del Gobierno Central y un 47,9% al resto de los trabajadores del sector público, excluyendo a las Fuerzas Armadas. La estimación, aunque conservadora, subraya la magnitud del problema.
El estudio también revela que, si bien la duración promedio por licencia en el sector público es ligeramente menor (10 días versus 12,6 días en el privado), el mayor número de episodios eleva el total anual a 33,1 días de licencia por trabajador, más del doble que en el sector privado (15,1 días) y más del triple que entre independientes (10,5 días). Este patrón, consistente desde al menos 2017, sugiere problemas estructurales.
El gasto fiscal en SIL se ha duplicado entre 2014 y 2022, pasando de representar el 0,6% al 1,2% del PIB. En 2022, más del 70% del total de cotizaciones a Fonasa se destinó al financiamiento de licencias médicas, desplazando otros usos del presupuesto de salud. Un factor clave en este fenómeno es el aumento sostenido de licencias médicas por trastornos de salud mental, que representaron el 42% del gasto total en SIL en 2022, con un crecimiento acumulado del 442% desde 2015. Este tipo de diagnóstico es particularmente prevalente en el sector público.
Propuestas para un Sistema Sostenible
Ante este panorama, Horizontal ha delineado una serie de propuestas para optimizar el sistema de licencias médicas, argumentando que las diferencias no se explican por condiciones de salud, sino por «diferencias institucionales en las reglas, debilidades en los mecanismos de control y desalineación de incentivos».
- Unificación del Régimen del SIL: Proponen unificar las normas para todos los trabajadores, eliminando las diferenciaciones entre empleados públicos y privados. Actualmente, los funcionarios públicos están exentos de días de carencia en licencias breves y no tienen tope en el beneficio, manteniendo su salario íntegro.
- Límite Máximo de Duración: Sugieren establecer un límite de 52 semanas (continuas o discontinuas) por diagnóstico, con posibilidad de extensión en casos excepcionales, alineándose con modelos como los de Alemania o Francia. Esto permitiría distinguir entre enfermedades temporales y condiciones permanentes.
- Tasa de Reemplazo Decreciente: Proponen que el subsidio cubra el 100% del ingreso en las primeras semanas, pero se reduzca progresivamente hasta un 70%, en línea con las pensiones de invalidez.
- Separación de la Cotización de Salud y SIL: Plantean separar la cotización destinada al seguro de salud (7%) de la del SIL, buscando un manejo más transparente y eficiente del gasto.
- Participación del Empleador en el Financiamiento: Inspirados en la OCDE, sugieren que los empleadores participen en el financiamiento, incentivándolos a invertir en prevención, monitoreo de ausentismo y estrategias de reincorporación laboral.
- Reducción de Días de Carencia: Proponen un esquema de dos días de carencia para todas las licencias, independientemente de su duración, eliminando el «incentivo perverso» de extender licencias breves para obtener el subsidio completo.
- Unidad de Contraloría Médica en Fonasa: Recomiendan establecer una unidad especializada para la fiscalización médica.
- Fortalecimiento de la Fiscalización Basada en Datos: Promover una fiscalización más robusta y eficiente mediante el uso de información.
- Incentivos Presupuestarios a la Gestión del Subsidio: Sugieren reducir las asignaciones presupuestarias a las instituciones estatales que no implementen medidas efectivas para gestionar, reducir o recuperar pagos asociados a subsidios por incapacidad laboral.
Este análisis de Horizontal pone en evidencia la urgencia de una reforma profunda para el sistema de licencias médicas en el sector público, buscando no solo su sostenibilidad financiera, sino también la equidad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
SOJ
