La polémica en torno a la Ley de Fraccionamiento Pesquero escaló tras el reconocimiento del ministro de Economía, Nicolás Grau, sobre la entrega de datos incorrectos por parte del subsecretario de Pesca, Julio Salas, a la comisión mixta que discutía la normativa. Ante la posibilidad de haber legislado en base a información errónea, el ministro Grau sugirió «repetir la votación» sobre la distribución de la cuota de merluza común.
La propuesta del ministro se da en un contexto delicado, luego de que la comisión mixta aprobara una asignación del 52% de la cuota a la pesca artesanal y un 48% a la pesca industrial, revirtiendo la distribución actual que favorece a esta última con un 60%. Tras esta decisión, la empresa pesquera PacificBlu, con operaciones en la región del Biobío, anunció su cierre para enero de 2026, generando gran preocupación por la pérdida de empleos.
Consultado sobre la cuota de merluza, Grau señaló que «podría ser una buena idea repetir la votación (…) Se puede», aunque aclaró que la decisión final recae en los parlamentarios. Sin embargo, sus palabras no fueron bien recibidas por todos los congresistas. Mientras algunos consideraron la repetición como una opción «válida» para buscar una solución, otros dijeron que no seguiremos tramitando el proyecto».
Fidel Espinoza senador del PS, presidente de la comisión mixta de Pesca, adoptó una postura firme, convocando al ministro Grau a dar explicaciones: «Debe dar explicaciones o no seguiremos tramitando el proyecto». Espinoza criticó la ausencia del ministro durante la discusión de la ley y lo responsabilizó de la actual crisis: «El ministro Grau tuvo una ausencia absoluta durante todos los meses que discutimos esta ley. No participó en ninguna de las sesiones de la Comisión de Pesca del Senado que presidí. Fue irresponsable, negligente y hoy es el principal causante de los problemas que esta situación está generando». El senador socialista advirtió que si el ministro no asume su responsabilidad el martes, no continuarán con la tramitación del proyecto de fraccionamiento, considerándolo fundamental para la pesca artesanal e industrial del país.
En contraste, el diputado Matías Ramírez Pascal (PC) opinó que «la oposición y la industria han planteado una discusión falsa en razón de un error en una de las presentaciones. La votación, en particular sobre la merluza, tuvo un largo debate tanto en la Cámara como en el Senado, donde se entregaron diversos elementos que permitieron acuerdo amplios en algunas pesquerías y más debate en otras. En lo personal, no veo sustento para reabrir el debate sobre este punto».
Una visión similar expresó el diputado Jorge Brito (FA), quien cuestionó la reacción de la oposición y defendió el acuerdo alcanzado: «No vimos un comunicado de Chile Vamos cuando dos de sus parlamentarios quedaron en la cárcel por corrupción en la Ley Longueira. Tampoco con la década de sufrimiento de la pesca artesanal amparada en esta ley. Sí vemos un aprovechamiento político para intentar reabrir el debate que no lo vamos a permitir en relación al fraccionamiento de la merluza, porque quienes sí suscribimos el acuerdo fijamos como criterio garantizar los puestos de trabajo de las plantas de proceso industrial».
Brito, citando datos de Sernapesca, argumentó que «las plantas de PacificBlu procesan en sus 9 años de existencia 13.000 toneladas al año, con un peak de 15.800. Por ende, la cuota del 48% cercana a 19.000 toneladas es más que suficiente para garantizar su funcionamiento e incluso su crecimiento. En consecuencia, esto es solo aprovechamiento político de quienes no concurrieron al acuerdo, porque buscan única y nada más que beneficiar a la pesca industrial».
Desde otra perspectiva, el senador independiente Alejandro Kusanovic calificó de «grave» la entrega de datos erróneos y urgió a buscar soluciones. «Es una vergüenza que esto ocurra. Se está trabajando con tan poca seriedad cuando están en riesgo miles de empleos formales. No solo se afecta a la industria, sino también a sus trabajadores y a las familias que dependen de ellos», lamentó. Si bien consideró que la intencionalidad de la información falsa es un tema para la discusión política posterior, enfatizó que «lo importante ahora es cómo solucionamos este problema y cuál será la salida para revertir este perjuicio a la industria de la merluza, sus trabajadores y al país». Respecto a la propuesta de Grau, la catalogó como «una alternativa válida para buscarle una salida a este problema o solucionar el problema rápidamente, que eso es lo que importa».
La Subsecretaría de Pesca en un comunicado comunicado público asegura que las cifras estaban sólo desactualizadas y que abarcaban sólo el período entre enero y septiembre del 2024, y no todo el año.
SOJ
