El consejero regional y presidente de la comisión de presupuesto y proyectos de inversión, Luis Santibáñez, ha manifestado su profunda preocupación y rechazo ante la reciente solicitud de fondos realizada por la Subsecretaría de Redes Asistenciales a los Gobiernos Regionales (GOREs) para cubrir el creciente déficit operacional en el sector salud.
En sus declaraciones, Santibáñez fue enfático al señalar que «la mala administración de recursos en el sector salud, el aumento de personal no estratégico y los abultados sueldos de autoridades políticas y funcionarios de confianza del gobierno del presidente Boris, tienen a los servicios de Salud quebrados».
El consejero regional añadió que «el reciente oficio enviado a todos los Gores por la subsecretaria de Redes Asistenciales, solicitando dinero para cubrir su déficit operacional solo muestra la crítica situación que vive el presupuesto público y la total improvisación con la cual se está enfrentando la problemática de la Salud en Chile».
El consejero regional argumenta que la propia legislación que regula el presupuesto de la nación, prohíbe el uso de recursos regionales en inversión que corresponde a los ministerios. En este caso al de salud.
Si bien reconoció la histórica colaboración del Gobierno Regional con el sector salud en proyectos de infraestructura y equipamiento médico vital, Santibáñez fue categórico al afirmar: «Siempre hemos sido socios estratégicos del sector Salud para el aporte económico en proyectos de construcción de SAR, Cesfam, Hospitales, equipamiento médico vital, etc. Pero este último requerimiento es para cubrir su déficit de funcionamiento. No podemos transformarnos en cajero automático de los Servicios de Salud ante sus problemas de funcionamiento y administración».
Ante la controversia generada por esta solicitud, el consejero Santibáñez anunció su intención de recurrir a la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre la legalidad del requerimiento, argumentando que la Ley de Presupuesto para los Gores explícitamente impide incurrir en este tipo de gastos destinados a cubrir déficits operacionales. Su postura marca un punto de tensión en la gestión de recursos públicos y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad financiera del sistema de salud en la región y a nivel nacional.
SOJ
