Un profundo malestar sacude los cimientos de la Universidad de Concepción, donde un paro estudiantil ha alcanzado su vigésimo segundo día, paralizando las actividades académicas en un impresionante 80% de las carreras del plantel. Esta masiva movilización tiene su epicentro en el apoyo a la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía, que inició su protesta el pasado 9 de abril tras graves denuncias de acoso sexual y violencia de género. Es decir hoy se cumplen 22 días.
La comunidad estudiantil exige respuestas ante la permanencia en la universidad de un alumno denunciado el año anterior por conductas inapropiadas, así como frente a un caso más reciente donde otro acusado fue suspendido por un lapso de 60 días mientras la institución lleva a cabo una investigación interna. En este contexto de indignación, Valery Céspedes, vocera de la Asamblea de Mujeres y Disidencias Sexo-Genéricas de la UdeC, expresó que «las carreras se han sumado al paro al sentirse identificadas con las demandas de Pedagogía en Historia y Geografía, evidenciando problemáticas similares y demandas particulares en torno a género que cuestionan las políticas institucionales, particularmente de la DEGyD (Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual) y Fiscalía de Género».
El peso de las denuncias:
El primer caso que ha encendido la indignación involucra a un estudiante de tercer año acusado de acoso sexual reiterado. Las conductas atribuidas al alumno incluyen el seguimiento sistemático a compañeras de carrera y otras estudiantes, el envío no consentido de fotografías íntimas, la creación de perfiles en redes sociales para el acoso y el uso de una cuenta de memes para comentarios xenófobos dirigidos a sus alumnos durante sus prácticas. A esto se suma la grave acusación de portar un arma blanca en el campus universitario y proferir una amenaza de tiroteo. Actualmente, el sujeto enfrenta tres investigaciones en curso por parte de Carabineros, además de una orden de alejamiento dictada a favor de una de las víctimas.
El segundo caso se centra en un alumno de quinto año, quien al ingresar a la carrera de historia en 2021 se unió a una militancia política. Con el auge de los colectivos de género, se le acusa de iniciar una persecución política contra alumnas pertenecientes a estos grupos, derivando en doce acusaciones por esta misma causa que fueron remitidas a la fiscalía de género el año pasado, donde habría sido declarado culpable. Sin embargo, la imposición de sanciones aún se encuentra pendiente. Adicionalmente, se le habría otorgado la posibilidad de apelar, obteniendo acceso a las carpetas de las víctimas con el presunto objetivo de interponer una contradenuncia.
El mandato de la ley:
El artículo 20 de la ley N° 21.675 establece obligaciones específicas para los establecimientos educacionales en cuanto a la atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género. La normativa exige que «los establecimientos educacionales deberán disponer de procedimientos objetivos, establecidos en sus respectivos reglamentos internos, que consideren mecanismos de denuncia, investigación y sanción, y aseguren la protección de las víctimas de violencia de género. Estos procedimientos procurarán reducir o eliminar la victimización secundaria, para lo cual contarán con medidas formativas, de apoyo y acompañamiento a las víctimas. Además, deberán contemplar mecanismos efectivos para informar a las víctimas acerca de las instituciones dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género».
Si bien las sanciones internas de la UDEC contemplan desde una amonestación verbal hasta la expulsión definitiva, la comunidad estudiantil denuncia la ineficacia de la fiscalía universitaria en la administración del rector Carlos Saavedra, así como la lentitud de los procesos que dilatan la imposición de castigos definitivos a los denunciados, dejando a las víctimas en una situación de desamparo.
La herida abierta del 2024:
El año anterior, la carrera de historia también fue escenario de una toma estudiantil motivada por dos casos emblemáticos: el caso de una estudiante madre y el suicidio de Benjamín Fuentes. El alumno, estudiante de pedagogía y sostén económico de su familia, tenía asignaturas pendientes y solicitó reiteradamente una rebaja de carga académica, petición que la universidad ignoró, dejándolo en una situación de vulnerabilidad. Víctima de bullying atestiguado por profesores que optaron por no intervenir, Benjamín se quitó la vida en su comuna de origen, Coronel. Durante la investigación de su paradero, la PDI solicitó a la universidad el informe de asistencia del alumno, encontrando una negativa que obstaculizó la labor policial. La institución hasta la fecha no ha ofrecido disculpas públicas por lo sucedido.
El «caso madre» relata la violencia institucional ejercida al negar el permiso de práctica profesional a una estudiante en post natal, bajo la excusa de sobrecupo en los centros de práctica, argumento que fue desmentido por otros compañeros de carrera a quienes sí se les otorgó el permiso sin inconvenientes. Ante una nueva solicitud, la universidad respondió con un revictimizante «tuvo que planear mejor el embarazo». Tampoco en este caso ha habido un reconocimiento público del error.
A un año de estos dolorosos sucesos, Catalina Campos, vocera de la asamblea de Pedagogía en Historia y Geografía, asegura que no se han producido cambios sustanciales. «No, nada. (El caso de) Benjamín ahora está empezando la investigación que debía haber empezado hace un año. Nos dimos cuenta también que las investigaciones pueden ser más rápidas porque con el caso de Tercero nos están llamando al tiro a los testigos. En cambio, el caso de Quinto recién ahora estaban llamando para ver cómo iba el caso después de un año. El caso de Benjamín, que no es Fiscalía de Género pero sí Fiscalía Universitaria también están llamando ahora a los testigos después de un año».
Las demandas a la Fiscalía Universitaria:
El estudiantado movilizado ha articulado una serie de demandas concretas dirigidas a la Fiscalía Universitaria, buscando una transformación profunda en el abordaje de los casos de violencia de género:
- Imparcialidad en las sanciones y la creación de una comisión de género encargada de sancionar a los alumnos en casos de violencia de género.
- Impedir que los denunciados accedan a las carpetas investigativas de sus casos para evitar la revictimización de los denunciantes.
- Implementación de un mecanismo de acompañamiento efectivo para las víctimas.
- Incrementar el número de fiscales, garantizando la paridad de género en la fiscalía universitaria.
- Establecer plazos menos extensos en los procesos de investigación.
- Mayor protección a las víctimas, especialmente en casos de ciberacoso, violencia de género y acoso sexual, catalogándolos como denuncias relevantes.
- Asesoría legal y acompañamiento jurídico para los denunciantes.
- Implementación de una escala de gravedad para las denuncias, que en casos graves impida al denunciado apelar sanciones de baja académica.
- Ampliar la definición de violencia de género para permitir la apelación y ejecución de las denuncias.
- Involucramiento activo de las autoridades universitarias.
- Establecer un prerrequisito de género para la realización de prácticas, impidiendo que denunciados admitidos por la DEGyD realicen prácticas en establecimientos.
- Implementación de un seguro para las víctimas similar al de prácticas para resguardar su integridad.
- Acompañamiento psicológico para las víctimas.
- Sanciones inmediatas, incluyendo la cancelación de matrícula para el agresor y la cancelación de prácticas para los denunciados.
- Evaluación psicológica confidencial previa a las prácticas iniciales o profesionales.
En relación a este último punto, Catalina Campos enfatizó su relevancia, junto con el seguimiento posterior al test: «Los protocolos de género están fallando no sólo en la UDEC sino en muchas universidades, y al final estamos exponiendo a los estudiantes y a la misma sociedad. La universidad está exponiendo a la sociedad porque manda a acosadores y abusadores a hacer clases a menores de edad. Nos dejan acosadores en nuestra sala haciéndonos clases». La rectoría se encuentra ahora bajo una creciente presión para dar respuestas efectivas a estas demandas y restaurar la confianza de una comunidad estudiantil que clama por justicia y un ambiente seguro y respetuoso.
SOJ
