Frontel, una distribuidora de energía eléctrica, opera principalmente en la zona sur de Chile, específicamente en las comunas y sectores rurales entre las provincias de Concepción (Región del Bío Bío) y Cautín (Región de la Araucanía). También opera en otros puntos del país, como en las regiones de Antofagasta y Los Lagos, a través de sus líneas de transmisión.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ha puesto en la mira a seis distribuidoras eléctricas del país – Chilquinta, Enel Colina, Frontel, Litoral, Luz Linares y Saesa – tras formularles cargos por una grave omisión: la presunta falta de respuesta a los llamados de auxilio de tutores y pacientes electrodependientes durante el severo sistema frontal que azotó la zona centro-sur en agosto del año pasado, dejándolos sin suministro eléctrico.
La SEC, a través de un comunicado, fue categórica: «Se pudo determinar que al menos 57 clientes electrodependientes realizaron llamados al estar sin suministro, los que no habrían sido atendidos por las empresas, infringiendo, de este modo, la ley para este tipo de pacientes, la que establece que las compañías deben contar con canales preferentes de atención para ellos». La acusación se sustenta en una exhaustiva investigación y el cruce de diversas bases de datos.
El balance de la SEC detalla la preocupante situación: Litoral y Chilquinta lideran la lista con 13 clientes electrodependientes sin respuesta cada una, seguidas por Enel Colina (10), Saesa (8), Frontel (7) y Luz Linares (6). La superintendencia enfatizó la reiteración del problema: «Se pudo establecer que estos 57 clientes habrían intentado comunicarse con su empresa en 238 ocasiones, en total, lo que demuestra la recurrencia de este problema».
La superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, no ocultó su indignación ante la gravedad de los hechos: «El hecho de que las empresas no atiendan los llamados de los tutores de pacientes electrodependientes es un hecho grave, ya que este tipo de pacientes entra en una situación compleja cuando se corta el suministro, una situación de riesgo vital, que las empresas eléctricas deben prever, entregando las mejores soluciones técnicas para cada paciente».
Las sanciones que podrían enfrentar las distribuidoras son significativas, alcanzando hasta 10.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a cerca de $7,85 mil millones por empresa. No obstante, la SEC precisó que el monto final de cada multa dependerá de los méritos de la investigación individual.
Este nuevo requerimiento se suma a la reformulación de cargos emitida en marzo contra Enel, donde se redefinieron tres puntos clave: la presunta falta de entrega de equipos de respaldo a los pacientes electrodependientes registrados, la desatención de las llamadas de sus tutores y familiares, y la omisión de priorizar el restablecimiento del suministro en los domicilios declarados de estos pacientes, tal como lo exige la ley. La SEC endurece así su postura, buscando garantizar el cumplimiento de la normativa y la protección de un grupo de usuarios especialmente vulnerable ante las interrupciones del suministro eléctrico.
SOJ
