La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) representa un hito en la gestión de residuos en Chile, como neumáticos, aparatos eléctricos y electrónicos, diarios y revistas, envases y embalajes, aceites y lubricantes, pilas, baterías, entre otros elementos, buscando fomentar una economía circular y reducir el impacto ambiental. Sin embargo, su implementación ha revelado desafíos que requieren una revisión profunda de las estrategias actuales. Los productos prioritarios incluyen:
Hoy existen Discrepancias entre lo proyectado y lo real: Un análisis detallado de los primeros datos de la Ley REP para envases y embalajes ha revelado una brecha significativa entre las proyecciones iniciales y los resultados reales. Las empresas declararon un volumen de residuos considerablemente menor al estimado, lo que sugiere una subestimación inicial del mercado o una falta de adhesión por parte de todas las empresas obligadas.
Causas de las discrepancias:
- Metodología de cálculo: Es probable que la metodología utilizada para calcular la línea base haya sido demasiado optimista, sobreestimando el volumen de residuos generados.
- Representatividad de las empresas: Las empresas adheridas hasta el momento podrían no ser representativas del total del mercado, lo que distorsiona las cifras.
- Barreras a la implementación: Existen obstáculos normativos y operativos que dificultan el cumplimiento de la ley por parte de todas las empresas.
Composición material de los residuos: Los datos también muestran diferencias en la composición material de los residuos, con una mayor proporción de papel y cartón y una menor de plástico respecto a lo proyectado. Esto sugiere que las proyecciones iniciales podrían no haber considerado adecuadamente la evolución de los hábitos de consumo y la composición de los productos.
Implicancias y desafíos:
- Necesidad de ajustar las metas: Las metas actuales podrían ser revisadas a la luz de los nuevos datos, pero es fundamental abordar primero las barreras que impiden el cumplimiento de las metas existentes.
- Mayor fiscalización: Se requiere una mayor vigilancia por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente para garantizar que todas las empresas cumplan con sus obligaciones.
- Incentivos para la adhesión: Es necesario implementar incentivos para que las empresas que aún no se han adherido a los sistemas de gestión lo hagan.
- Mejora de la trazabilidad: Un mejor seguimiento de los residuos a lo largo de toda la cadena de valor permitirá una gestión más eficiente y transparente.
Conclusiones:
El primer año de implementación de la Ley REP ha sido un proceso de aprendizaje. Los resultados obtenidos permiten identificar oportunidades de mejora y ajustar las estrategias para lograr una mayor eficiencia en la gestión de residuos. Es fundamental que las autoridades, las empresas y la sociedad civil trabajen en conjunto para superar los desafíos y construir una economía circular más sólida.
SOJ
