En un nuevo capítulo de la compleja situación que enfrenta la empresa de casinos Enjoy, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) ha dictado una resolución que podría marcar un punto de inflexión en su proceso de reorganización. El tribunal ha prohibido la venta de los casinos de Rinconada, Los Ángeles y San Antonio, activos que la compañía buscaba deshacerse para aliviar su carga financiera.
Esta medida cautelar se enmarca dentro de la investigación por colusión que enfrenta Enjoy, junto a Marina del Sol y Dreams. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusa a estas empresas de haber acordado previamente los términos de las licitaciones de casinos, perjudicando así la competencia y el interés público.
Un golpe a la reorganización
La decisión del TDLC representa un duro golpe para los planes de Enjoy. La empresa, sumida en una profunda crisis financiera, había apostado por la venta de estos activos como una de las principales vías para reducir su deuda y asegurar su viabilidad a largo plazo. Sin embargo, la prohibición impuesta por el tribunal pone en riesgo la ejecución de su acuerdo de reorganización judicial y podría obligarla a buscar nuevas alternativas para salir de esta compleja situación.
Las implicancias de la decisión
Las consecuencias de esta resolución trascienden los intereses particulares de Enjoy. La prohibición de la venta de los casinos involucrados en la colusión envía un claro mensaje a las empresas: quienes infringen las normas de libre competencia enfrentarán sanciones severas y podrían perder valiosos activos. Además, esta decisión refuerza el compromiso del TDLC con la protección de la competencia y el bienestar de los consumidores.
Los próximos pasos
Enjoy tiene ahora la posibilidad de apelar la decisión del TDLC o buscar otras alternativas legales para desbloquear la venta de los tres casinos: Los Ángeles, San Antonio y Rinconada. Sin embargo, las opciones parecen limitadas, ya que la prohibición se basa en una medida cautelar que busca resguardar el interés público y garantizar la efectividad de una eventual sanción.
Por su parte, la FNE continuará con la investigación y se espera que en los próximos meses se dicte una sentencia definitiva en este caso. Si se comprueba la culpabilidad de las empresas involucradas, podrían eventualmente enfrentar sanciones económicas millonarias e incluso la revocación de sus permisos de operación.
SOJ
