La Corte Suprema ratificó este jueves 31 de octubre la condena en contra de 31 ex agentes de la dictadura (1973-1990) como autores, coautores y cómplices del crimen de la joven Reinalda Pereira, tecnóloga médico, militante del Partido Comunista de 29 años y embarazada de cinco meses al momento de su secuestro, quien hasta el día de hoy se encuentra en calidad de detenida desaparecida. De acuerdo con lo establecido por el máximo tribunal, la mujer trabajaba asilando personas buscadas por los organismos de seguridad y se desempeñaba como enlace al interior de la estructura clandestina del Partido Comunista, que estaba siendo sometida a una política de exterminio durante el régimen dictatorial.
El fallo de la Corte determinó que a sus 29 años de edad, Pereira fue detenida por agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) cerca de las 20:30 horas del 15 de diciembre de 1976, mientras esperaba locomoción colectiva en una esquina de la actual comuna capitalina de Macul. Tras ser aprehendida violentamente en la vía pública, la víctima fue trasladada al cuartel secreto de reclusión Simón Bolívar, donde fue vista junto a otras personas privadas de libertad, las que a su vez «habían sido detenidas por las mismas brigadas bajo la política operativa entre el 13 y 15 de diciembre de 1976», detalla la sentencia.
En el lugar de reclusión -señala la investigación judicial-, Reinalda Pereira «fue duramente golpeada, torturada, apremiada ilegítimamente y luego hecha desaparecer, sin que hasta la fecha se tengan noticias de su paradero». El abogado querellante Nelson Caucoto manifestó que «se trata de una sentencia moderna basada en el derecho internacional, que rechaza amnistía, prescripción y media prescripción. Se trata de un fallo de enorme importancia por la cantidad de condenados a penas de presidio efectivo». A su juicio, «fue realmente impactante lo que hicieron los agentes del Estado cuando Reinalda estaba detenida: ella fue objeto de golpiza física a pesar de su notorio estado de gravidez, fue torturada también con corriente eléctrica, para finalmente, ya desfallecida, se le aplicó una dosis de pentotal».
El jurista reveló que «posteriormente, con un soplete, le queman el rostro y las huellas dactilares, la empaquetan, y su cadáver se hace desaparecer en la Cuesta Barriga». La dictadura de Pinochet dejó al menos 3.200 opositores asesinados, de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada. Tras décadas de búsqueda se encontraron e identificaron los restos de 307, pero aún falta encontrar a otros 1.162, según las últimas cifras oficiales.
Es la primera vez desde el retorno a la democracia que el Estado asume la búsqueda de los desaparecidos, pues hasta ahora la tarea había estado a cargo de grupos de familiares, agrupaciones de víctimas de la dictadura y organizaciones de derechos humanos. En Chile ha habido decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Pinochet, quien murió en 2006 a los 91 años de edad sin ser condenado por su responsabilidad en los crímenes.
