El Senado acaba de aprobar la acusación constitucional contra la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, lo que resultó en su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de cinco años. La votación fue unánime, con 47 votos a favor y ninguno en contra en ambos capítulos del libelo acusatorio.
Este caso marca una diferencia con la destitución de Sergio Muñoz, otro ministro de la Corte Suprema, quien fue removido en una votación que no fue tan transversal como la de Vivanco. En el caso de Vivanco, el Senado la acusó en primer lugar de notable abandono de deberes, al comprometerse su imparcialidad e independencia por haber mantenido contactos indebidos con el abogado Luis Hermosilla, sin inhabilitarse en casos donde existía un claro conflicto de intereses.
En el segundo capítulo, se le imputó por haber interferido de manera indebida en procesos de designación de cargos públicos. La acusación fue presentada por parlamentarios de Chile Vamos y surgió a raíz de las diversas revelaciones del «caso Audios», un escándalo que involucra al abogado Luis Hermosilla, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva por delitos relacionados con corrupción. Vivanco había sido removida previamente de la Corte Suprema por decisión unánime de sus pares debido a su vinculación con este caso.
La exministra fue acusada de intercambio de favores con Hermosilla, lo que la involucró en conversaciones privadas que salieron a la luz a través de filtraciones de audios y chats, revelando su relación inapropiada con el abogado. Estos intercambios irregulares finalmente determinaron su salida del máximo tribunal chileno.
Este caso ha sacudido los cimientos del Poder Judicial en Chile, dejando al descubierto prácticas que han afectado la reputación del sistema judicial y ha debilitado la credibilidad de la justicia y que, según expertos, requerían una respuesta contundente.
