La reciente inclusión de medidas para prevenir la violencia externa en los lugares de trabajo, dentro de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha generado una fuerte controversia en el sector forestal.
La discordia se centra en la responsabilidad de las empresas. Mientras el Ministerio del Trabajo (Mintrab) sostiene que las empresas deben adoptar medidas para mitigar los riesgos de violencia externa, los gremios forestales, agrupados en Futuro Madera, argumentan que esta responsabilidad recae directamente en el Estado.
Según René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales A.G. (Acoforag), «el Gobierno está confundiendo las obligaciones de las empresas con las responsabilidades del Estado en materia de seguridad pública». Muñoz enfatiza que es inaceptable exigir a las empresas que se hagan cargo de problemas como la delincuencia y el terrorismo, los cuales son competencia exclusiva del Estado.
Las empresas forestales, particularmente las pymes, se ven especialmente afectadas por esta medida. Al operar en zonas rurales y remotas, estas empresas se encuentran expuestas a mayores riesgos de violencia externa. Los gremios advierten que obligar a las empresas a asumir estas responsabilidades podría poner en peligro la viabilidad de muchas de ellas.
Desde Futuro Madera se hace un llamado urgente al Gobierno para que reevalúe esta medida y se concentre en fortalecer las políticas públicas de seguridad, en lugar de trasladar esta responsabilidad a las empresas.
Principales argumentos de los gremios forestales:
- Responsabilidad estatal: La prevención y combate de la delincuencia y el terrorismo son tareas exclusivas del Estado.
- Impacto en las pymes: Las pequeñas y medianas empresas no cuentan con los recursos necesarios para implementar medidas de seguridad exhaustivas.
- Riesgos para la actividad forestal: La exposición a la violencia externa pone en peligro la vida de los trabajadores y la continuidad de las operaciones forestales.
La controversia pone de manifiesto la necesidad de un diálogo más profundo entre el gobierno, las empresas y los trabajadores para encontrar soluciones efectivas que garanticen la seguridad en los lugares de trabajo, sin sobrecargar a las empresas con responsabilidades que no les corresponden.
