Ley Karin: ¿Un Maltrato a las Pymes?

Es paradojal que la Ley Karin -que sanciona el maltrato y la violencia al interior del ámbito laboral- se erija como una posible maltrato económico institucionalizado en contra de la Pequeña y Mediana empresa (Pymes). Lo anterior dado los altos costos de la incorporación de las disposiciones del cuerpo legal, que obliga a los emprendedores a una serie de protocolos para lograr implementarla: La gestión conlleva costos de hasta $2 millones por parte baja.

A menos de un mes de su entrada en vigencia, la Ley 21.643, también conocida como Ley Karin, genera incertidumbre y preocupación entre las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) de la región del Biobío.

Un cambio cultural con alto costo

La Ley Karin, que busca prevenir, investigar y sancionar el acoso sexual, la violencia y el acoso laboral, implica un reordenamiento cultural y organizacional para las empresas de todos los tamaños. Sin embargo, para las Pymes, la implementación de esta normativa representa un desafío mayúsculo, especialmente en términos de costos adicionales. Muchas Pymes podrían despedir a sus trabajadores masivamente o cerrar colectivamente.

Cifras que hablan por sí solas:

  • Más de 300.000 trabajadores dependen de las Pymes en la región del Biobío.
  • Un modelo de prevención de delitos económicos tiene un costo cercano a los $6 millones.
  • Un plan de protocolos de prevención, con capacitaciones, ronda los $2 millones.

Las Pymes: las más afectadas

Según Humberto Miguel, presidente de la Asociación Gremial de Empresas del Biobío (Asem Biobío), las Pymes no están preparadas para asumir este gasto adicional, lo que podría poner en riesgo su supervivencia. «La pyme no está preparada para recibir tanto gasto y lo que suponemos, es que si no hay apoyo, vamos a empezar a ver cómo empiezan a cerrar las empresas».

Un llamado a la colaboración y el apoyo

Beatriz Seguel, directora y presidenta del Comité de Género y Liderazgo de CPC Biobío, reconoce la necesidad de crear una cultura organizacional respetuosa y segura en el trabajo. Sin embargo, enfatiza que la transformación cultural no se logra solo con reglamentos internos. «Son costos de gestión, horas de capacitación de las personas», señala.

El rol del Estado: apoyo e información

La seremi del Trabajo y Previsión Social, Sandra Quintana, asegura que se han realizado esfuerzos para informar a los empleadores sobre la Ley Karin y cómo implementarla. Sin embargo, reconoce que la normativa implica un costo adicional para las empresas.

Un futuro incierto: desafíos y oportunidades

La entrada en vigencia de la Ley Karin marca un paso importante en la lucha contra el acoso y la violencia en el trabajo. Sin embargo, para las Pymes, la implementación de esta normativa representa un desafío que podría poner en riesgo su viabilidad. Es necesario que el Estado brinde apoyo y herramientas a las Pymes para que puedan cumplir con la ley sin comprometer su supervivencia.

En definitiva, la Ley Karin presenta un desafío complejo para las Pymes, especialmente en términos de costos adicionales. Se requiere un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado para que esta normativa se implemente de manera efectiva, sin poner en riesgo la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas.