* Según el documento, 45 soldados acusaron agresiones por parte de superiores durante la instrucción en Pacollo, que culminó con la muerte de Franco Vargas. Los relatos mencionan golpes constantes, caminatas en temperaturas bajo cero sin vestuario adecuado, condiciones insalubres y maltratos verbales. Por ahora, ocho funcionarios del Ejército han sido removidos del mando por el comandante en jefe, Javier Iturriaga, mientras se investiga el caso. El general Iturriaga admite indicios de «falsedades y tergiversaciones». Asimismo, manifestó enfáticamente: «El Ejército de Chile está compuesto por miles de hombres y mujeres, y tiene la obligación y el compromiso de ser garante del resguardo y protección de nuestros soldados. Por tanto, las investigaciones en curso determinarán si el soldado Franco Vargas, que en paz descanse, debió o no haber marchado, de acuerdo a los protocolos de instrucción y de salud. El Ejército no acepta que su personal traicione el honor militar».
La querella del INDH
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ingresó una querella en contra de todos aquellos que resulten responsables en calidad de «autores, cómplices o encubridores por el delito de apremios ilegítimos», en perjuicio de los jóvenes que participaron en el ejercicio militar del 27 de abril en Putre, tras el cual falleció Franco Vargas, de 19 años. A raíz de los testimonios de conscriptos que pertenecían a la Brigada Motorizada N°24 «Huamachuco», la entidad establece que 250 soldados participaron de la instrucción en el sector de Pacollo, y que 45 de ellos acusan agresiones por parte de sus superiores. La acción legal sostiene que los maltratos por parte de los mandos -que fueron relevados de su cargo esta semana- precedían de lo ocurrido el 27 de abril, indicando que los conscriptos eran sometidos a «golpes de pies y puños por parte de sus superiores a cargo, en cualquier contexto y momento: mientras se desarrollaba la instrucción, cuando dormían, comían o durante las caminatas».
Respecto de la marcha en cuestión, uno de los conscriptos manifestó que «el 27 de abril los levantaron a las 05:00 de la mañana y salieron a las 06:30 de Pacollo, cuando estaba amaneciendo. La vestimenta consistió en bototos, pantalón, polera y camisa, les hicieron sacar la coipa y no les permitieron llevar el chaquetón porque les daría calor en el camino, los haría transpirar y eso les haría mal. Tampoco llevaban guantes, por lo que, por efecto de la caminata al frío, les dolían las manos y los pies muy fuerte. Todas estas situaciones tuvieron lugar a 4.600 metros de altura, con temperaturas de -15 grados durante la noche y con índices de radiación solar extremadamente altos durante el día», remarca la querella.
Dudas sobre supuestos maltratos
El general Iturriaga aseveró que «lo que está en juego es la credibilidad de la institución; se ha instalado una duda respecto de que tal vez estamos ocultando información, tergiversando los hechos, y eso no es así. He estado preocupado de que todos los fiscales tengan a los testigos que correspondan, y he tomado la drástica decisión porque tenemos que asegurar que la ciudadanía siga confiando en su Ejército», cerró Iturriaga. El Ejército emitió un comunicado indicando que «una aeronave militar trasladó a los últimos 42 soldados conscriptos pertenecientes a la Brigada Motorizada N°24 ‘Huamachuco’, quienes no continuarán con su Servicio Militar Obligatorio». El diputado Joannes Kaiser, en declaración a algunos medios, también dijo que había que investigar a fondo sobre este controvertido asunto, porque le parecía extraño que mientras alrededor de un centenar de conscriptos dejaban el servicio militar, 200 de ellos (el doble o más del doble) resolvieron continuar.
Anteriormente, el jefe del Estado Mayor, Rodrigo Pino, puso en duda los supuestos maltratos, que en ese entonces habían advertido sólo los familiares, afirmando que los conscriptos usaban la ropa adecuada para el ejercicio. El comandante en jefe, Javier Iturriaga, sobre lo mismo, indicó que la vestimenta fue opcional: «Algunos usaron su tenida interior, otros decidieron marchar con polera, y se requirió inicialmente guantes para que ellos enfrentaran los primeros momentos de la marcha».
Ministra Fernández: «La Justicia Militar tiene la competencia en este caso»
La querella del INDH plantea al Juzgado de Garantía de Arica que convoque a una audiencia con el Ministerio Público y la Defensoría Penal, para que la Fiscalía Militar se inhiba de indagar estos hechos, aunque la ministra de Defensa, Maya Fernández, sostuvo que la justicia militar tiene la competencia en este caso. Por lo pronto, la Corte Suprema designó este miércoles a Jenny Book, ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago y presidenta de la Corte Marcial, como jueza en visita para investigar el caso.
