La Fiscalía Local de Puente Alto, en coordinación con la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI, individualizó a cinco menores de edad como presuntos partícipes en el violento ataque y saqueo perpetrado el 16 de octubre contra el Centro de Salud Familiar (Cesfam) «Cardenal Raúl Silva Henríquez», emplazado en el sector de Bajos de Mena, comuna de Puente Alto. Según el medio Emol, el procedimiento se concretó tras una serie de allanamientos simultáneos desarrollados en cuatro inmuebles del sector, diligencias que fueron encabezadas por el fiscal especializado en responsabilidad penal adolescente, Rodrigo Peña.
La fiscal jefa de Puente Alto, Denisse Valenzuela, afirmó que «los primeros indicios de la causa decían relación con que los imputados podían ser menores de edad. En ese contexto, se trabajó con la Bicrim Puente Alto, donde se pudo identificar a cinco personas: cuatro son menores de 14 años; es decir, no tienen responsabilidad penal. Una era posible que tuviera responsabilidad y que tuviera más de 14 años». Añadió que «se hallaron pruebas para vincular a una de estas personas, que tiene más de 14 años, como partícipe de estos hechos. Se le imputará una formalización por los delitos de robo con intimidación, robo con violencia y por daños calificados».
Tras el operativo policial en los domicilios, se incautaron elementos probatorios como vestimentas que coinciden con los registros de las cámaras de seguridad del centro médico. El trabajo investigativo contempló empadronamiento de declaraciones y el monitoreo de publicaciones en redes sociales abiertas. Los hechos sucedieron en la madrugada del viernes 16 de octubre, momentos después de que se registraran disturbios en las inmediaciones del centro asistencial, a raíz del desalojo de departamentos en la Villa El Volcán 2. En ese contexto, una turba de aproximadamente ocho sujetos irrumpió por la fuerza en el Cesfam, intimidó con extintores a guardias y personal de salud, sustrajo especies y destruyó ventanales, computadores, ventiladores y equipamiento médico.
Los perjuicios materiales fueron avaluados en unos 30.000.000 de pesos, situación que obligó a suspender la atención y derivar a los pacientes a otros recintos de la red comunal. En cuanto a una eventual coordinación externa, la fiscal Valenzuela recalcó que «la idea era poder determinar si había participación de personas adultas. Que hubiese organización previa para atacar este Cesfam, pero no se logró determinar». Ante la vulnerabilidad expuesta por el ataque en Bajos de Mena, la Fiscalía determinó acciones de protección de forma autónoma al plan de seguridad gubernamental. La persecutora dijo que se fijaron dos rondas policiales periódicas al día y se ofició una solicitud para mantener un punto de vigilancia fijo de Carabineros durante 30 días continuos en las dependencias del Cesfam.
