La CUT (Central Unitaria de Trabajadores), representada por 16 organizaciones, presentó su pliego de negociación al Gobierno para comenzar el proceso de reajuste del sector público. Pide un reajuste nominal de remuneraciones del 6,3%. Esto en medio de la discusión del Presupuesto del año venidero. El requerimiento de los funcionarios pretende de este modo resguardar el poder adquisitivo frente a la inflación, y asegurar que el acuerdo garantice un incremento real no inferior al 2%.
La solicitud comprende a los trabajadores de los sectores centralizado, descentralizado y autónomo, incluyendo municipios, gobiernos regionales, universidades estatales y establecimientos educacionales subvencionados. El pliego presentado establece que, a partir de enero de 2027, ningún trabajador del Estado perciba un ingreso bruto mensual inferior a los pisos fijados para cada categoría. Asimismo, se pretende un incremento en el bono para las rentas más bajas y en los beneficios de fin de año. Las remuneraciones brutas mínimas requeridas son las siguientes: $609.766 para el estamento auxiliar, $678.612 para el estamento administrativo y $721.885 para el estamento técnico.
En cuanto a bonificaciones, la propuesta incluye un bono mensual de hasta $ 67.935 para rentas brutas iguales o inferiores a $ 727.582, un bono de término de negociación de $ 250.000 para ingresos líquidos inferiores a $ 1.030.474 y un bono de fin de negociación de $ 125.000 para quienes superen el umbral de $ 1.030.474. Asimismo, incrementos en aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias, además de bonos de escolaridad y vacaciones.
Las organizaciones sindicales de la CUT incluyeron, por otra parte, peticiones orientadas a la estabilidad laboral ante los criterios de la Contraloría General de la República. Piden una propuesta legal que fortalezca las garantías ante desvinculaciones, rango reglamentario para la renovación de contratas y la regularización de trabajadores a honorarios con funciones permanentes. También piden «instalar una instancia de trabajo para crear una jurisdicción especializada en conflictos laborales públicos, y dotar al Servicio Civil de facultades efectivas de fiscalización».
En materia de jornada laboral, la mesa de la CUT pide reactivar la instancia para avanzar hacia las 40 horas semanales sin reducción de sueldos, además de extender la normativa de teletrabajo hasta el año 2030. El proceso de negociación iniciado por las asociaciones definirá los incrementos salariales y las condiciones laborales para los funcionarios estatales durante el próximo periodo presupuestario.
